En una jornada marcada por una visión de futuro y el compromiso con la salud pública, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador debatió el 28 de abril el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes, unificado con la propuesta de Prevención de la Obesidad. Tras un diálogo constructivo, el proyecto regresará a la Comisión de Salud para incorporar observaciones técnicas y deberá ser enviado nuevamente al pleno en un plazo de 8 días.
La discusión legislativa destaca la necesidad de actualizar el marco legal vigente. La actual Ley de la Diabetes fue aprobada en 2004 y no ha recibido una actualización que responda a la evolución epidemiológica, los avances tecnológicos y los nuevos patrones de consumo en el país.
La legislación reconoce una realidad que afecta a 1 de cada 9 personas en el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Diabetes y Factores Asociados, la prevalencia de esta condición alcanza el 11.03% a nivel nacional. La propuesta busca transformar un panorama donde el 5.5% de la población desconoce su condición y un 17.9% no accede a tratamiento oportuno.
Los ejes clave de la propuesta incluyen:
- Programa Nacional de Diabetes (PND): Liderado por el MSP para coordinar la prevención e investigación.
- Protección de Derechos: Garantía de no discriminación en ámbitos educativos y laborales.
- Seguridad Alimentaria: Creación de un comité especializado para regular la alimentación escolar y el etiquetado.
- Acceso Integral: Rutas claras para la entrega de medicamentos y tratamiento de complicaciones visuales, renales y cardiovasculares.
El debate subrayó que la prevención es la decisión más costo-efectiva para el Estado. Según el estudio de Carga de Enfermedad (2025), la diabetes le cuesta a Ecuador el 8.6% de su PIB, cifra que supera la inversión nacional en educación. El impacto anual de la ceguera por diabetes alcanza los USD 259.7 millones por pérdida de productividad. La ley promueve el acceso a innovación tecnológica, como el monitoreo continuo de glucosa, para evitar complicaciones que pueden costar hasta USD 33,000 por paciente al año en casos de discapacidad visual.
Estamos ante un hito de corresponsabilidad. Esta ley, construida durante 5 años con un riguroso sustento técnico, busca actualizar un marco normativo que data de 2004. No solo trata una enfermedad; reconoce la obesidad como condición crónica, prohíbe la discriminación y asegura que el sistema llegue a tiempo para evitar discapacidades prevenibles.
Ana Fernanda Sánchez, Directora de la Casa de la Diabetes.Con las observaciones recogidas en el Pleno, Ecuador avanza hacia una política pública que protege la vida, fomenta la actividad física y garantiza un futuro saludable para miles de familias.
