En la lucha contra el cáncer, el éxito no se mide por leyes aprobadas ni por medicamentos incluidos en un listado oficial, sino por la continuidad del cuidado. Actualmente, Ecuador enfrenta una paradoja dolorosa: aunque múltiples terapias forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), la realidad en los hospitales cuenta una historia muy distinta.
Menos del 40% de las pacientes oncológicas recibe un tratamiento adecuado, lo que significa que más del 60% se encuentra bajo esquemas subóptimos. El problema ha dejado de ser únicamente qué está aprobado para convertirse en algo más urgente: qué está disponible en el momento exacto que el paciente lo necesita.
Según un estudio de EquityCancer-LA, el tiempo promedio para que una mujer reciba un diagnóstico confirmatorio desde la primera sospecha es de 140 días. Con una cobertura de mamografías de apenas el 20% en la población en riesgo, el sistema detecta casos en etapas avanzadas, aumentando la presión hospitalaria y los costos de atención.
El sistema está pasando de una medicina basada en evidencia, donde el médico elige el tratamiento adecuado, a una medicina basada en existencias, donde la receta se ajusta a lo que hay en stock. Cuando el medicamento no está disponible debido a desabastecimientos intermitentes, los pacientes reciben tratamientos muy por debajo de los estándares oncológicos.
El cáncer requiere diagnósticos certeros mediante biomarcadores. Sin embargo, las limitaciones en reactivos y la capacidad especializada insuficiente retrasan la personalización terapéutica, indispensable para evitar tratamientos inadecuados.
La falta de coordinación administrativa y el peso de la burocracia están expulsando a los pacientes del sistema. Los pacientes oncológicos del sistema público enfrentan rechazos por parte de SOLCA debido a nudos administrativos y la deuda creciente por falta de pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP).
La escasez de medicinas ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana que interrumpe ciclos de vida. Cada día de retraso tiene un impacto macroeconómico y social devastador. Entre 2017 y 2023, el manejo ineficiente de patologías crónicas generó una pérdida de productividad de USD 699 millones. En ese mismo periodo, las brechas de acceso le costaron a la población ecuatoriana 83,500 años de vida saludable (DALYs). Solo en cáncer de mama, llegar tarde al diagnóstico y al tratamiento se traduce en pérdidas económicas directas de USD 25 millones anuales.
La solución propuesta a través de la compra centralizada enfrenta incertidumbres. Los cronogramas actuales para productos no catalogados han sufrido ajustes drásticos. Se pasó de una proyección de compra de 15 meses a 12, sin claridad sobre las cantidades finales ni garantías de cumplimiento de las fechas de entrega. Algunos medicamentos ya se encuentran en stock cero.
Aunque el país cuenta con una Ley de Cáncer, el impacto real es nulo sin un reglamento claro y estructurado. El reglamento en construcción no puede limitarse a ser un instrumento administrativo; debe convertirse en una herramienta concreta para resolver las fallas estructurales del sistema.
Un reglamento bien diseñado debe garantizar la continuidad del tratamiento oncológico mediante mecanismos como la planificación obligatoria del abastecimiento, sistemas de alerta temprana ante quiebres de stock y procesos ágiles de respuesta que prioricen la vida del paciente. Además, debe alinear la compra pública con las necesidades reales del sistema y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales.
Es imperativo transitar hacia un modelo que priorice la descentralización administrativa y la agilidad en la gestión hospitalaria. El acceso real significa disponibilidad continua, logística eficiente y asignación presupuestaria sostenible.
Hoy, más que nuevas leyes, el sistema necesita reglas claras que funcionen. El reglamento de la Ley de Cáncer puede ser el punto de inflexión que transforme el acceso teórico en acceso real y asegure que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por causas evitables.
