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Ocho muertos y 10 heridos dejan amotinamientos en las cárceles de El Inca y Cotopaxi

July Ruiz
2 Min Read
Personal de seguridad se desplegó en los exteriores de la cárcel de El Inca, en Quito, tras el amotinamiento del 22 de octubre de 2026.

El SNAI confirmó cuatro fallecidos en cada centro penitenciario durante los hechos del 22 de octubre. Las autoridades anunciaron el traslado de los presuntos implicados a la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro.

Dos amotinamientos registrados el jueves 22 de octubre de 2026 dejaron ocho personas privadas de libertad fallecidas y 10 heridas en las cárceles de Cotopaxi y El Inca, en Quito. El balance fue confirmado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

En el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, ubicado en Latacunga, murieron cuatro internos. La emergencia activó la intervención del Bloque de Seguridad y el ingreso de personal especializado para recuperar el control. Criminalística realizó los procedimientos de levantamiento de los cuerpos.

La violencia también alcanzó al Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1, conocido como cárcel de El Inca, donde se confirmaron otros cuatro fallecidos y 10 heridos que recibieron atención médica. Durante la emergencia, la AMT dispuso restricciones de circulación en las inmediaciones del establecimiento, entre las calles De las Toronjas y De las Hortensias.

El SNAI informó que los presuntos involucrados fueron identificados y anunció que serían trasladados a El Encuentro, en Santa Elena. Este anuncio corresponde a una medida prevista por las autoridades; los reportes consultados no confirmaban que los traslados se hubieran concretado.

Los incidentes ocurrieron mientras se desarrollaba un plan de clasificación de internos. En Cotopaxi, el amotinamiento se produjo tres días después de una reclasificación según el nivel de peligrosidad. Esa secuencia temporal no permite establecer, por sí sola, la causa de la violencia.

Al cierre de los reportes revisados, las autoridades mantenían activos los protocolos de seguridad. La información disponible no detallaba una explicación definitiva sobre el origen de ambos motines ni establecía una conexión comprobada entre ellos.

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