Funcionarios presentaron su versión sobre los indicios de la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la campaña presidencial de 2023. Luisa González rechaza la acusación.
El Gobierno difundió este viernes 23 de octubre de 2026 nuevos señalamientos sobre el caso Laberinto, que motivó la detención de la excandidata presidencial Luisa González. En un video, José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, y Ana Paula Patiño, directora de la UAFE, describieron conversaciones y movimientos financieros que, según su exposición, forman parte de la investigación.
De acuerdo con Neira, la hipótesis investigativa contempla un supuesto ingreso de efectivo desde Venezuela para financiar la campaña del binomio González–Andrés Arauz. El funcionario también mencionó chats del 26 de junio de 2023 con un contacto identificado como “Aquiles Álvarez 1”, sobre un presupuesto de USD 500.000 y pagos en efectivo para brigadistas, camisetas y logística. Estos señalamientos corresponden a la versión gubernamental y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
Patiño, por su parte, informó de más de USD 400.000 presuntamente sin justificación y de transferencias realizadas por terceros. Según su explicación, el análisis financiero identificó mecanismos de intermediación y conversión de fondos a efectivo que habrían dificultado seguir la ruta del dinero.
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en el financiamiento político y la publicidad electoral de 2023. Según su tesis, se habría utilizado una estructura de personas jurídicas para canalizar recursos destinados a propaganda sin transparentar su origen ni la identidad de los aportantes. La investigación busca establecer si esos movimientos configuran un delito.
González rechazó los señalamientos mediante un comunicado publicado después de su detención. Calificó la acusación de absurda y sostuvo que enfrenta persecución política. Revolución Ciudadana también cuestionó que observaciones sobre las cuentas electorales hayan derivado en una causa penal. Ambas posiciones deberán contrastarse con los elementos presentados dentro del proceso, en el que se mantiene la presunción de inocencia.
