Fidel Chamba pidió la comparecencia del gerente de la Empresa de Pasajeros por los supuestos cobros a funcionarios municipales, mientras Adrián Ibarra cuestionó las motivaciones políticas de la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Una denuncia por presuntos cobros de dinero a funcionarios del Municipio de Quito abrió un nuevo frente de discusión política en la capital. Este martes 20 de octubre, el Concejo Metropolitano evidenció posiciones enfrentadas sobre el caso: mientras unos concejales consideran necesario exigir explicaciones a las autoridades municipales, otros advierten que las acusaciones aparecen en un momento especialmente sensible, a pocas semanas de las elecciones seccionales.
El concejal Fidel Chamba insistió durante la sesión en que el alcalde Pabel Muñoz y el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros deben aclarar las denuncias sobre supuestos aportes económicos exigidos a servidores municipales. El edil había solicitado una sesión extraordinaria para tratar el tema y escuchar a los responsables de la empresa, pero la comparecencia no se concretó. Tampoco se dio paso a su pedido de incorporar el asunto al orden del día de este martes.
La controversia escaló después de que Juan Esteban Guarderas, integrante de la Fundación Lucha Anticorrupción, presentara el lunes 19 de octubre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Muñoz y otros funcionarios. Los señalamientos se relacionan con presuntos cobros obligatorios que, según el denunciante, habrían sido destinados a financiar actividades políticas y la campaña de reelección del alcalde.
Guarderas sostiene que existen testimonios, conversaciones de mensajería, audios y videos que permitirían investigar posibles delitos de concusión y cohecho. Entre las acusaciones figuran solicitudes de dinero a empleados de libre nombramiento y remoción, supuestamente acompañadas de presiones relacionadas con su estabilidad laboral. La autenticidad, el alcance y el valor jurídico de esos elementos deberán ser determinados por las autoridades competentes.
Fidel Chamba insiste en la fiscalización municipal
Para Chamba, las denuncias requieren una respuesta institucional que permita aclarar si existieron cobros indebidos y quiénes pudieron intervenir. Además del pedido de comparecencia, el concejal solicitó información a la Empresa de Pasajeros sobre la vinculación de funcionarios en cargos jerárquicos, sus remuneraciones, eventuales descuentos y el cumplimiento de los requisitos para ocupar esas posiciones.
El edil considera que el Concejo debe ejercer sus atribuciones de fiscalización, independientemente de las investigaciones que correspondan a la Fiscalía. Su preocupación se concentra en la necesidad de que las autoridades municipales proporcionen información y permitan esclarecer los señalamientos.
Adrián Ibarra cuestiona el momento de la denuncia
El concejal Adrián Ibarra, de la Revolución Ciudadana, planteó una posición diferente. Aunque reconoció que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos y establecer posibles responsabilidades, cuestionó que las acusaciones se conozcan públicamente cuando falta alrededor de un mes para las elecciones seccionales.
Ibarra sostuvo que el momento elegido para presentar los señalamientos podría responder a intereses políticos y afectar la candidatura de Muñoz. Al mismo tiempo, remarcó que una denuncia no equivale a una sentencia y que cualquier investigación debe desarrollarse con transparencia y respeto a los procedimientos legales.
La Empresa de Pasajeros de Quito ya había respondido a la controversia mediante un comunicado difundido el 14 de octubre. En ese pronunciamiento rechazó las acusaciones sobre cobros indebidos y explicó que había presentado denuncias relacionadas con actuaciones atribuidas a un exfuncionario. La institución solicitó que las autoridades investiguen los hechos.
Por ahora, el caso mantiene abiertos dos ámbitos distintos: la investigación de las presuntas irregularidades denunciadas ante la Fiscalía y la discusión sobre la fiscalización política dentro del Concejo Metropolitano. Ninguna de las acusaciones permite establecer, por sí sola, responsabilidad penal del alcalde o de los funcionarios mencionados. La información que surja de las investigaciones y las explicaciones institucionales será determinante para conocer qué ocurrió.
