La fiscalización identificó 95 expedientes en categorías roja y naranja. Estas alertas requieren verificaciones y no constituyen una declaración de culpabilidad.
El informe sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales llegó este martes 27 de octubre de 2026 al Pleno de la Asamblea Nacional. El documento plantea remitir los expedientes con mayores alertas a la Fiscalía, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La Comisión de Gobiernos Autónomos revisó 251 expedientes individuales, incluidos titulares, subrogantes y reemplazos temporales. De ese total, 41 fueron clasificados con alerta roja y 54 con naranja: juntos representan el 37,85% de los casos analizados.
El análisis contrastó la evolución de bienes y deudas con los ingresos declarados, utilizando información de organismos estatales y denuncias ciudadanas documentadas. La clasificación busca orientar las comprobaciones que corresponden a las entidades de control.
El presidente de la comisión, Cristian Benavides, presentó los hallazgos sin divulgar los nombres de las autoridades; el envío de los expedientes busca profundizar las indagaciones sobre la eventual existencia de bienes a nombre de terceros, activos en paraísos fiscales u otras posibles irregularidades.
La fiscalización se inició por una resolución legislativa aprobada el 23 de junio de 2026. La Asamblea dispuso entonces solicitar documentación y convocar comparecencias para examinar los presuntos incrementos patrimoniales.
La existencia de una alerta no prueba un delito. Las verificaciones posteriores deberán establecer si las variaciones patrimoniales tienen justificación y si existen responsabilidades administrativas o penales.
