La AMC encontró a unas diez personas hacinadas en San Bartolo. En el inmueble había alimentos vencidos y más de 50 cajas con productos de alimentación escolar.
En la planta superior de una vivienda de tres pisos, en el sector de San Bartolo, al sur de Quito, alrededor de diez personas permanecían internadas en un establecimiento que ofrecía servicios de rehabilitación sin contar con las autorizaciones correspondientes. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó el viernes 23 de octubre que clausuró el lugar después de encontrar condiciones de hacinamiento e insalubridad que comprometían la seguridad y el bienestar de quienes buscaban atención.
Durante la inspección, los funcionarios hallaron baños deteriorados, camas y colchones en malas condiciones, alimentos vencidos y medicamentos caducados. El operativo reveló además la presencia de un machete escondido debajo de un colchón en uno de los dormitorios. Según la AMC, los responsables del establecimiento no pudieron justificar por qué se encontraba allí.
El caso vuelve a poner bajo atención las condiciones en las que funcionan algunos espacios que ofrecen tratamiento para problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias. Para las personas que requieren acompañamiento, contar con un lugar seguro y con profesionales debidamente autorizados es una parte esencial de cualquier proceso de recuperación.
Un centro de rehabilitación dentro de una vivienda
El establecimiento funcionaba en una casa de tres pisos. Los internos ocupaban la planta superior, mientras que los administradores residían en el segundo nivel del inmueble. De acuerdo con la información municipal, la propiedad había sido arrendada para desarrollar una actividad que no contaba con los permisos necesarios.
Las irregularidades encontradas no se limitaron a la falta de autorizaciones. El estado de los baños, los dormitorios y los alimentos evidenció deficiencias en las condiciones cotidianas de permanencia de las personas internadas. La AMC señaló que estos espacios deben garantizar una atención adecuada y condiciones dignas para quienes acuden en busca de rehabilitación.
Los vecinos del sector relataron a las autoridades que en los exteriores del inmueble se registraban peleas y altercados frecuentes. Durante las verificaciones, la Policía Nacional estableció que uno de los administradores registraba una sentencia judicial previa, aunque el reporte municipal no detalló su naturaleza ni la relacionó con los hallazgos de esta intervención.
Más de 50 cajas de alimentos escolares
Otro elemento llamó la atención de los equipos de control. En el inmueble encontraron más de 50 cajas con productos de alimentación escolar, entre ellos leche, papillas y cereales destinados a estudiantes de establecimientos fiscales.
Uno de los administradores sostuvo que esos productos procedían de donaciones. Sin embargo, la información difundida por la AMC no incluye documentos que permitan verificar su origen, la entidad que los habría entregado ni las condiciones en que llegaron al establecimiento.
El hallazgo plantea preguntas sobre la procedencia y el destino de estos alimentos, pero no permite concluir por sí solo que existió una apropiación ilegal de bienes públicos. Cualquier eventual irregularidad deberá establecerse mediante las verificaciones correspondientes.
Quito suma 45 clausuras entre 2025 y 2026
La intervención de San Bartolo forma parte de una serie de controles municipales a establecimientos que operan como centros de rehabilitación sin las autorizaciones exigidas. Según el balance presentado por la AMC, durante 2025 se clausuraron 25 centros clandestinos y, hasta octubre de 2026, se han registrado otros 20 cierres. En conjunto, son 45 establecimientos clausurados en menos de dos años.
En operativos anteriores, la entidad ha reportado situaciones que incluyen armas, presuntas agresiones, internamientos de menores de edad en condiciones irregulares y personas que habrían permanecido retenidas contra su voluntad. Esos antecedentes corresponden a intervenciones distintas y no deben atribuirse automáticamente al centro encontrado en San Bartolo.
Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC, recordó que el funcionamiento de estos establecimientos sin los permisos correspondientes puede derivar en multas de alrededor de USD 4.000, además de otras actuaciones administrativas.
¿Qué ocurrió con las personas internadas?
La clausura impide que el establecimiento continúe operando en las condiciones detectadas. Sin embargo, el comunicado municipal consultado no precisa el destino de las aproximadamente diez personas que permanecían allí, si recibieron una evaluación médica o psicológica después del operativo ni qué mecanismos de continuidad de atención se activaron.
Esas respuestas son importantes porque el cierre de un establecimiento irregular no elimina la necesidad de tratamiento de quienes estaban internados. La protección de sus derechos requiere conocer si cuentan con apoyo familiar, atención profesional y alternativas seguras para continuar su proceso de recuperación.
Por ahora, la información confirmada es la clausura del centro, las condiciones encontradas durante la inspección y los objetos reportados por las autoridades. La procedencia de los alimentos escolares y la situación posterior de las personas internadas son aspectos que todavía requieren esclarecimiento.
