Un operativo en Monteserrín dejó un detenido. Expertos advierten que las investigaciones deben distinguir entre colecciones sin regularizar y posibles redes de abastecimiento delictivo.
El hallazgo de armamento en viviendas de Quito y sus valles plantea interrogantes sobre el almacenamiento y la circulación ilegal de armas. Las intervenciones han identificado inmuebles utilizados como bodegas y talleres clandestinos.
En Monteserrín, la operación Arsenal Final, realizada el 11 de octubre, dejó un detenido. El balance recogido por el medio reporta 54 armas, 770 cartuchos y más de 30.700 fulminantes. La Fuerza Terrestre señaló que el sospechoso presuntamente comercializaba armamento para grupos de delincuencia común. Esa acusación está sujeta a investigación.
Los especialistas consultados advierten que algunos sectores residenciales podrían servir como puntos discretos de almacenamiento y distribución. También subrayan la necesidad de diferenciar el mercado ilegal de las colecciones privadas con problemas de permisos.
La cantidad de armas encontrada no demuestra por sí sola una vinculación con organizaciones criminales. Revisar autorizaciones, procedencia y peritajes balísticos resulta fundamental para establecer posibles delitos y responsabilidades.
