Seis personas son procesadas por la comercialización de fármacos oncológicos sin registro sanitario. Dos laboratorios multinacionales se incorporaron al proceso como acusadores particulares.
Una investigación por la presunta comercialización de medicamentos oncológicos adulterados y falsificados vuelve a poner bajo la lupa a las redes que lucran con tratamientos destinados a pacientes con cáncer en Ecuador.
El Ministerio del Interior estima en USD 1 millón el perjuicio económico al Estado atribuido a la presunta estructura, desarticulada en marzo de 2026 durante el operativo denominado Ágata. Seis personas fueron detenidas y procesadas, entre ellas un concejal del cantón Vinces.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían importado medicamentos desde países como Turquía, Bulgaria y Bangladesh, utilizando documentación presuntamente irregular. Los productos no contaban con registro sanitario y algunos tenían etiquetado que no estaba en un idioma oficial.
Los medicamentos se ofrecían por redes sociales
De acuerdo con la investigación, la presunta organización utilizaba TikTok e Instagram para ofrecer los fármacos. La Policía llegó hasta la estructura después de rastrear estas publicaciones y detectar una compra de medicamentos que serían adulterados.
Entre los productos encontrados estaban medicamentos utilizados en tratamientos contra distintos tipos de cáncer. Durante los allanamientos se localizaron 150 medicamentos oncológicos y 200 unidades de embalaje, además de teléfonos celulares, una computadora y documentación relacionada con la investigación.
Uno de los hallazgos se produjo en un contenedor abandonado, donde había 75 cajas con dosis de Keytruda de 100 miligramos y vinblastina, entre otros productos.
En otro inmueble fueron encontrados medicamentos como Herceptin, Darzalex y Revlimid, utilizados para tratar diferentes enfermedades oncológicas y hematológicas.
Dos laboratorios se presentan como víctimas
El proceso judicial también involucra a dos laboratorios multinacionales, que solicitaron participar como acusadores particulares al considerar que sus productos habrían sido falsificados y comercializados sin autorización.
Uno de los medicamentos identificados fue Keytruda de 100 mg, que, según la información presentada en el proceso, era vendido en aproximadamente USD 1.500, pese a que su precio real supera los USD 3.000. El laboratorio señaló que los productos encontrados no correspondían a medicamentos originales.
Los representantes de las compañías sostienen que la presunta falsificación no solo genera un perjuicio económico y comercial, sino que también afecta la confianza y reputación construidas alrededor de sus productos.
¿Cómo se detectó la presunta estructura?
La investigación policial comenzó meses antes del operativo. Según la Fiscalía, el caso se inició en septiembre de 2025, después de un informe de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros de la Policía que alertó sobre la existencia de la estructura.
Las vigilancias permitieron identificar movimientos relacionados con la importación y comercialización de los medicamentos. Posteriormente, el 23 de marzo de 2026 se ejecutaron siete allanamientos en sectores de Guayaquil y en Vinces.
El operativo dejó seis detenidos y permitió reunir evidencias que ahora forman parte del proceso judicial.
Un concejal de Vinces está entre los procesados
Entre los investigados está Miguel M., concejal de Vinces. Según la Fiscalía, presuntamente habría tenido a su cargo conexiones con instituciones públicas y privadas relacionadas con la importación de los medicamentos.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó informes investigativos, partes policiales, evidencias incautadas y documentación de la Unidad Nacional de Delitos Aduaneros.
El juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para tres de los seis procesados: Miguel M. M., Leidy N. S. y Henry M. M. Para los otros tres investigados se dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
La instrucción fiscal tiene una duración de 90 días, periodo durante el cual se continuarán recabando elementos para determinar las responsabilidades individuales dentro del caso.
El riesgo de comprar medicamentos fuera de canales autorizados
Más allá del perjuicio económico, el caso plantea una preocupación de salud pública, especialmente porque los productos investigados estaban destinados a pacientes con enfermedades graves.
La Policía señaló que los medicamentos eran comercializados sin registro sanitario y sin garantías sobre su autenticidad o composición. Esto significa que un paciente podía recibir un producto cuya calidad, seguridad y eficacia no estaban garantizadas.
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) también ha advertido en casos anteriores que los medicamentos falsificados no pueden garantizar su calidad, seguridad ni eficacia. En una alerta sanitaria sobre medicamentos falsificados, la entidad recomendó adquirir estos productos únicamente a través de establecimientos y distribuidores autorizados.
El problema no es exclusivo de Ecuador. En mayo de 2026, Interpol informó que una operación internacional contra productos farmacéuticos ilícitos permitió incautar 6,42 millones de dosis de medicamentos no autorizados o falsificados en 90 países y territorios.
Una amenaza que también preocupa a la industria farmacéutica
El caso investigado en Guayas y Los Ríos se suma a la preocupación expresada recientemente por la industria farmacéutica ecuatoriana frente al crecimiento de las redes dedicadas a la falsificación de medicinas.
Representantes del sector señalaron que están trabajando con la Policía para capacitar a los agentes en la identificación de productos falsificados y detectar posibles irregularidades en el mercado.
Para los pacientes, especialmente aquellos que necesitan tratamientos de alto costo, las autoridades recomiendan verificar el registro sanitario, adquirir los medicamentos en establecimientos autorizados y desconfiar de ofertas difundidas en redes sociales que prometan productos originales a precios considerablemente menores.
