El proyecto fue aprobado con 87 votos y será enviado al presidente Daniel Noboa, quien tendrá hasta 30 días para sancionarlo, vetarlo total o parcialmente o disponer su publicación.
La Asamblea Nacional aprobó el 3 de septiembre de 2026 un amplio paquete de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que introduce cambios en la emisión de licencias, regulación del transporte, controles de tránsito, delivery, scooters, motos eléctricas y seguridad vial.
El proyecto obtuvo 87 votos a favor y ahora será remitido al presidente Daniel Noboa. Una vez que llegue al Ejecutivo, el mandatario tendrá un plazo de hasta 30 días para sancionarlo, formular un veto total o parcial o disponer su publicación en el Registro Oficial.
Registro Civil podría entregar licencias
Uno de los cambios que más atención ha generado es la posibilidad de que el Registro Civil entregue las licencias de conducir.
La competencia para otorgarlas continuará en manos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sin embargo, mediante un convenio interinstitucional, el Registro Civil podrá encargarse de la entrega del documento.
La reforma establece un plazo de 180 días para que ambas instituciones acuerden mecanismos de interoperabilidad, intercambio de información y procesos operativos, con el objetivo de reducir trámites duplicados.
Las licencias podrán emitirse en formato físico o digital y serán obligatorias para conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola y equipos pesados.
Nuevas reglas para los repartidores de delivery
La reforma crea un Registro Nacional de conductores y vehículos destinados al servicio de delivery, administrado por la autoridad de tránsito.
Los repartidores deberán utilizar casco homologado y chaleco reflectivo, además de cumplir requisitos de identificación. También se establece que no podrán transportar pasajeros mientras realizan esta actividad.
El objetivo es generar un sistema nacional de identificación y control para quienes trabajan mediante plataformas digitales.
Scooters y motos eléctricas tendrán restricciones
La normativa también incorpora reglas específicas para la micromovilidad.
Los conductores de motos eléctricas deberán contar con el título habilitante correspondiente y utilizar casco homologado. La ANT será responsable de establecer la clasificación de estos vehículos y de otros medios de micromovilidad.
Los scooters y motos eléctricas estarán destinados principalmente a desplazamientos urbanos y de corta distancia. No podrán circular por la red vial estatal, autopistas, vías perimetrales ni otros tramos que sean restringidos por razones de seguridad.
El cambio llega en un contexto de aumento de accidentes relacionados con este tipo de vehículos en ciudades como Quito.
Transporte público podrá ofrecer nuevos servicios
Las operadoras de transporte público de pasajeros, tanto interprovincial como intraprovincial, podrán desarrollar de manera complementaria el transporte de encomiendas, siempre que esta actividad no afecte el servicio principal.
Además, podrán ofrecer servicios de transporte puerta a puerta, pero bajo determinadas condiciones y autorización de la autoridad de tránsito.
Los vehículos destinados a esta modalidad deberán ser eléctricos, híbridos o de propulsión eléctrica, según establece el proyecto aprobado.
Nuevas reglas para fotorradares y peajes
La reforma también busca modificar el funcionamiento de los controles tecnológicos.
Los fotorradares deberán contar con señalización visible antes del punto de control, incluyendo una advertencia con una anticipación mínima de 500 metros.
Además, cuando estos dispositivos sean instalados por empresas privadas, la remuneración de los contratistas no podrá calcularse en función de un porcentaje de las multas recaudadas.
La normativa también plantea un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes, que permitirá integrar los diferentes sistemas mediante tecnologías como identificación automática de placas, dispositivos electrónicos y RFID.
Policía tendrá mayor presencia en las vías estatales
Otro cambio importante está relacionado con el control operativo.
La Policía Nacional, a través de su Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, tendrá a su cargo el control del tránsito en la red vial estatal, corredores arteriales y vías colectoras, con las excepciones correspondientes a las zonas urbanas donde los municipios tienen competencia.
La Asamblea justificó este cambio como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad y combatir actividades delictivas vinculadas al transporte y las carreteras.
Protección para niños y pasajeros
La reforma establece que los vehículos particulares que transporten niños deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados, de acuerdo con las condiciones y especificaciones que establezca la normativa secundaria.
La Asamblea señala que estas medidas buscan reducir las consecuencias de los siniestros de tránsito y proteger especialmente a los usuarios más vulnerables.
También se establece que las empresas de transporte público, comercial y de carga pesada deberán mantener vigente una póliza de responsabilidad civil y accidentes personales para pasajeros.
¿Qué falta para que las reformas entren en vigencia?
La reforma todavía no está vigente.
El proyecto debe ser enviado al presidente Daniel Noboa, quien tendrá hasta 30 días para decidir si lo sanciona, lo veta total o parcialmente o permite su publicación en el Registro Oficial. Solo después de cumplir este proceso constitucional comenzarán a aplicarse las nuevas disposiciones.
La iniciativa representa una de las modificaciones más amplias al sistema de tránsito ecuatoriano de los últimos años e incorpora nuevas reglas para conductores tradicionales, repartidores, usuarios de micromovilidad, operadores de transporte y entidades públicas.
