El Tribunal los declaró colaboradores del delito de delincuencia organizada. La Fiscalía investigó la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas rápidas y otros insumos médicos durante la pandemia.
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Pruebas COVID-19. La resolución fue anunciada la noche del 9 de septiembre de 2026, después de varios intentos fallidos para instalar la audiencia.
El Tribunal determinó que ambos tuvieron la calidad de colaboradores dentro de la estructura investigada. Además de la pena privativa de libertad, se les impuso una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados.
¿Qué investigó la Fiscalía?
El caso se originó durante la emergencia sanitaria de 2020. Según la acusación fiscal, una estructura habría participado en la compra, intermediación y comercialización irregular de aproximadamente 21.000 pruebas rápidas para detectar COVID-19, además de mascarillas y otros insumos médicos.
La Fiscalía sostuvo que para trasladar parte de estos productos desde Quito hacia Guayaquil se habrían utilizado vehículos y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). La investigación también señaló que los productos habrían sido comercializados sin los procedimientos correspondientes.
Dentro de la causa, la Fiscalía atribuyó a Jacobo Bucaram el pago de USD 321.600 en efectivo por parte de la mercancía investigada. También se vinculó al proceso el hallazgo de pruebas rápidas y otros insumos médicos durante un allanamiento realizado en Guayaquil en junio de 2020.
Los otros procesados
El Tribunal también dictó sentencia contra Leandro Berrones, exagente de la AMT, y Sheinman Oren, ciudadano israelí, quienes fueron considerados autores directos y recibieron una pena de 13 años y cuatro meses de prisión.
En el caso de Oren, la pena fue posteriormente reducida a dos años y ocho meses debido al beneficio de cooperación eficaz, al considerar el Tribunal que la información entregada durante el proceso contribuyó a la investigación.
Una audiencia marcada por aplazamientos
La lectura de la sentencia llegó después de seis intentos fallidos para instalar la diligencia. En los últimos días, la situación médica de Abdalá Bucaram había impedido su comparecencia. El exmandatario permanecía internado en una clínica de Guayaquil por problemas cardíacos.
Finalmente, Bucaram solicitó el alta médica y participó en la audiencia, en la que el Tribunal comunicó oralmente la decisión. La lectura de la resolución se extendió durante varias horas debido, entre otros aspectos, a problemas relacionados con la traducción para uno de los procesados.
