La Fiscalía formuló cargos contra los detenidos tras un operativo en el norte de la capital. En el inmueble fueron encontrados más de 200 dispositivos electrónicos y mensajes que serían utilizados para intimidar a deudores.
Diez personas fueron procesadas por su presunta participación en una estructura dedicada a la intimidación y extorsión mediante llamadas telefónicas. La intervención policial ocurrió la noche del 21 de agosto en un inmueble del norte de Quito, donde funcionaba la empresa Latameris Support SAS.
Durante el operativo fueron encontradas 112 personas en el establecimiento. De ese grupo, diez quedaron aprehendidas y posteriormente fueron procesadas por el presunto delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión. Las demás personas rindieron versiones y fueron liberadas.
La investigación de la Fiscalía sostiene que el establecimiento ofrecía préstamos a través de una aplicación denominada “Cash Cash”, dirigida a usuarios de países como México, Colombia, Perú y Chile. Cuando los clientes registraban retrasos en sus pagos, los operadores presuntamente recurrían a llamadas y mensajes intimidatorios para exigir el cobro.
Entre las evidencias levantadas durante el procedimiento constan 172 computadores y 76 teléfonos celulares. Los investigadores también encontraron comunicaciones que contendrían amenazas y material utilizado para presionar a los supuestos deudores.
Según los elementos expuestos durante la audiencia, 26 colaboradores del establecimiento entregaron versiones y señalaron a los ahora procesados como las personas que presuntamente dirigían las actividades de cobranza. La Fiscalía también individualizó los posibles roles que cada uno habría cumplido dentro de la estructura investigada.
Uno de los señalados es un ciudadano de nacionalidad china, identificado como Yang X., a quien la investigación ubica como presunto líder del grupo. Según la Fiscalía, habría asignado funciones relacionadas con liderazgo, auditoría, contabilidad y operación telefónica.
La fiscal de turno solicitó prisión preventiva para los diez procesados. El caso será tramitado mediante procedimiento directo y la instrucción fiscal tendrá una duración de 20 días. La audiencia de juicio está prevista para el 14 de septiembre de 2026.
Las autoridades continúan con el análisis de los dispositivos y demás indicios para determinar el alcance de la presunta estructura, identificar a posibles víctimas y establecer las responsabilidades individuales dentro del proceso judicial.
Los señalamientos corresponden a una investigación en curso y deberán ser determinados por la justicia mediante las respectivas etapas del proceso.
