El magistrado es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía cuestiona que saliera de su vivienda antes del operativo, mientras Andrade niega haber huido y denuncia posibles represalias por sus cuestionamientos a la Judicatura.
La madrugada de este martes 20 de octubre, agentes policiales y funcionarios de la Fiscalía llegaron a la vivienda del juez Renán Andrade, en Quito, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El allanamiento terminó sin su detención y abrió una nueva controversia dentro del sistema judicial ecuatoriano: mientras el Ministerio Público sospecha que pudo existir una filtración de información reservada, el magistrado asegura que enfrenta posibles represalias por sus cuestionamientos a la reorganización de las unidades anticorrupción.
El fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, confirmó la investigación durante una rueda de prensa. Según su explicación, el operativo buscaba reunir elementos para el proceso y localizar al magistrado, pero Andrade no se encontraba en el inmueble cuando llegaron los agentes.
Jaramillo señaló que, tras revisar las cámaras de seguridad del conjunto residencial, verificó que el juez había salido aproximadamente diez minutos antes de que se emitiera la providencia de detención. También sostuvo que el teléfono del investigado habría sido apagado horas antes. Para la Fiscalía, estas circunstancias generan sospechas sobre una posible divulgación anticipada de información del procedimiento.
Sin embargo, el organismo no ha demostrado públicamente que se produjera esa filtración ni ha identificado a posibles responsables. El propio fiscal indicó que el hecho deberá investigarse. La salida de Andrade de su domicilio antes de la emisión de la orden tampoco permite establecer, por sí sola, que conociera la diligencia o que estuviera intentando evadirla.
Renán Andrade denuncia posibles represalias
Horas después del allanamiento, Andrade difundió una carta dirigida al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reimberg. En ella negó haber huido y sostuvo que las actuaciones en su contra podrían guardar relación con su desacuerdo frente a la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir las dependencias judiciales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado.
El magistrado explicó que, junto con la jueza Karol Zambrano, presentó el 21 de septiembre una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional para cuestionar la reorganización judicial. Según su versión, una investigación previa que se había iniciado en julio de 2025 fue reactivada el 25 de septiembre de 2026, pocos días después de esa actuación.
Andrade también cuestionó los elementos patrimoniales que, según afirma, constan en la indagación. Señaló que se le atribuyen dos viviendas en Pedernales valoradas en más de USD 4 millones, cuando, de acuerdo con su estimación, ambas propiedades no alcanzarían los USD 45.000. Se trata de afirmaciones del propio investigado: hasta el momento, no se dispone de documentación pública suficiente para comprobar esas valoraciones ni determinar qué elementos considera la Fiscalía.
En su pronunciamiento, el juez defendió su actuación en procesos de corrupción y crimen organizado y pidió que cesen las acciones que considera una persecución. La Fiscalía, por su parte, mantiene que existe una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, aunque los detalles de los hechos investigados permanecen bajo reserva.
El conflicto por la reorganización judicial
El enfrentamiento ocurre semanas después de una decisión que provocó debate dentro de la Función Judicial. El 7 de septiembre de 2026, el Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026, mediante la cual dispuso la supresión de determinadas dependencias especializadas en corrupción y crimen organizado y modificó las competencias de otras unidades judiciales.
La Judicatura ha defendido la medida al señalar que busca distribuir mejor la carga procesal y ampliar la capacidad de atención de estas causas. En un pronunciamiento oficial del 8 de octubre aseguró que los expedientes habían sido reasignados y que ningún proceso permanecía sin juez a cargo. Andrade, en cambio, ha mantenido cuestionamientos jurídicos a esa reorganización.
La existencia de ese desacuerdo institucional es verificable, pero no demuestra que la investigación penal sea una represalia, como sostiene el magistrado. Del mismo modo, las sospechas de la Fiscalía sobre una posible filtración no acreditan que el juez recibiera información anticipada.
El siguiente paso anunciado por el Ministerio Público es la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía informó que solicitó que se fijen fecha y hora para esa diligencia, sin comunicar todavía cuándo se realizará. Hasta entonces, Andrade continúa bajo investigación y no existe una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal por los hechos señalados.
El caso mantiene abiertas dos interrogantes diferentes: qué elementos sustentan la investigación patrimonial contra el magistrado y si existió una filtración de información que comprometiera el allanamiento. Ambas requieren respuestas documentadas dentro de los procedimientos correspondientes, más allá de las acusaciones públicas entre las partes.
