La ONU advierte que miles de niños, niñas y adolescentes quedaron en una situación de mayor vulnerabilidad tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente colombiano. El daño de escuelas y la presencia de grupos armados elevan el riesgo.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó daños materiales y familias damnificadas. La emergencia también incrementó la preocupación por la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.
La coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, María José Torres, alertó sobre esta situación luego de que alrededor de 4.000 instalaciones educativas quedaran inoperables en las zonas afectadas por el sismo.
“Necesitamos reconstruir muy rápidamente”, señaló Torres, quien advirtió que el regreso de los menores a espacios educativos seguros es especialmente importante en territorios como Chocó y Valle del Cauca, donde existe presencia de grupos armados ilegales.
Más de 61.000 menores estarían en riesgo
La interrupción de las clases representa un factor adicional de vulnerabilidad para los menores. Según información difundida por organizaciones de protección de la infancia, más de 61.000 niños, niñas y adolescentes estarían expuestos a un mayor riesgo de reclutamiento debido a las condiciones generadas por la emergencia.
La pérdida de viviendas, la suspensión de actividades educativas y la falta de entornos protectores pueden profundizar situaciones de vulnerabilidad que ya existían antes del terremoto.
El problema no comenzó con el desastre natural. Human Rights Watch estima que aproximadamente 1.500 menores han sido reclutados por grupos armados en Colombia desde 2021, a partir de un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo. La organización señala que los casos aumentaron especialmente desde 2023.
Escuelas cerradas y territorios bajo presión
La preocupación se concentra particularmente en comunidades rurales y zonas donde los grupos armados mantienen presencia. El cierre o daño de escuelas puede dejar a los menores sin uno de los principales espacios de protección, socialización y acompañamiento institucional.
Human Rights Watch documentó que los grupos armados aprovechan factores como la pobreza, la exclusión social y las dificultades para acceder a la educación para captar a niños y adolescentes. También identificó nuevas estrategias de reclutamiento a través de redes sociales, donde se difunden contenidos que presentan la pertenencia a estos grupos como una actividad atractiva.
El riesgo es particularmente preocupante para comunidades indígenas. Según el análisis de Human Rights Watch, casi la mitad de los casos documentados de reclutamiento corresponden a niños, niñas y adolescentes indígenas, pese a que los pueblos indígenas representan cerca del 4 % de la población colombiana.
El reclutamiento infantil sigue aumentando
La Defensoría del Pueblo registró 51 casos de reclutamiento forzado de menores entre enero y mayo de 2026, con Norte de Santander, Cauca y Antioquia como los departamentos con más reportes. El 65 % de las víctimas identificadas eran niños y adolescentes.
A esta situación se suma el impacto humanitario del terremoto. Un mes después del sismo, comunidades de Chocó continúan enfrentando dificultades para reconstruir sus viviendas y recuperar sus actividades cotidianas, mientras persisten los enfrentamientos entre grupos armados. En Sipí, por ejemplo, unas 175 familias fueron desplazadas hacia Istmina por la violencia registrada después del terremoto.
Reconstruir también significa proteger a los niños
Para Naciones Unidas, la recuperación de las zonas afectadas no debe limitarse a reconstruir viviendas e infraestructura. Restablecer las escuelas y garantizar que los niños regresen a espacios seguros es también una medida de protección frente a la violencia y el reclutamiento.
La emergencia deja así un doble desafío para Colombia: avanzar en la reconstrucción tras el terremoto y, al mismo tiempo, fortalecer la presencia institucional en territorios donde los grupos armados continúan aprovechándose de la vulnerabilidad de las comunidades.
