Aprobada en las urnas y vigente desde el 20 de octubre de 2008, la Carta Magna reconoció los derechos de la naturaleza, fortaleció las garantías ciudadanas y redefinió la organización del Estado. Su aniversario reabre la pregunta sobre cuánto de sus principios se cumple en la práctica.
Hace 18 años, Ecuador estrenaba una Constitución que prometía transformar la relación entre el Estado, los ciudadanos y la naturaleza. El 20 de octubre de 2008, con su publicación en el Registro Oficial 449, entró en vigencia la Carta Magna elaborada por la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi, Manabí. Su aniversario vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que sigue vigente: ¿cuánto ha cambiado el país desde entonces?
El texto había recibido el respaldo de aproximadamente el 64 % de los votos válidos en el referéndum del 28 de septiembre. Con 444 artículos, la nueva Constitución sustituyó a la de 1998 e introdujo una reorganización institucional y un catálogo de derechos que marcaron una nueva etapa en la historia política ecuatoriana.
Los derechos que marcaron una diferencia
Uno de los cambios más reconocidos fue la incorporación de la naturaleza como sujeto de derechos. La Constitución estableció que los ecosistemas tienen derecho al respeto de su existencia, al mantenimiento de sus ciclos vitales y a la restauración cuando sufren daños. Esto abrió una nueva perspectiva jurídica sobre la protección ambiental, al permitir que personas y colectivos exijan el cumplimiento de esas garantías.
El texto también reconoció expresamente el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable, y definió al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional. A ello se sumó una visión del buen vivir, o sumak kawsay, vinculada con la salud, la educación, la alimentación, el ambiente y las condiciones necesarias para una vida digna.
La transformación alcanzó además a la organización institucional. Junto a las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, la Constitución incorporó la Función Electoral y la de Transparencia y Control Social, con el propósito de establecer mecanismos específicos para la participación, la vigilancia ciudadana y el funcionamiento democrático.
Dieciocho años después, el desafío de cumplirla
La historia de la Constitución no terminó con su aprobación. Durante estos 18 años, el texto ha atravesado reformas, debates políticos y procesos de interpretación judicial. Sus disposiciones han servido de fundamento para leyes, decisiones institucionales y reclamaciones ciudadanas, pero su reconocimiento jurídico no supone, por sí solo, que todos los derechos se cumplan plenamente.
Las garantías relacionadas con la salud, la educación, la justicia, la participación ciudadana y la protección de la naturaleza plantean una exigencia permanente: convertir lo establecido en la Constitución en condiciones reales para la población. El desafío no se limita a conservar sus principios escritos, sino a examinar cómo se aplican y qué respuestas reciben las personas cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.
A 18 años de Montecristi, la Constitución continúa siendo el fundamento del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Su aniversario permite mirar hacia 2008, pero sobre todo invita a observar el presente: la vigencia de una Carta Magna no se mide únicamente por los años transcurridos desde su publicación, sino por la capacidad de sus instituciones y de la sociedad para hacer efectivos los derechos que reconoce.
