La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe ajustado con 10 votos. La propuesta plantea medidas de acceso a recursos productivos, salud, educación y protección frente a la violencia.
El Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales avanzó hacia su votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, después de que la Comisión de Garantías Constitucionales incorporara las observaciones formuladas durante el segundo debate.
La mesa legislativa aprobó el informe ajustado el 30 de septiembre de 2026 con 10 votos favorables. La aprobación en comisión todavía no convierte la propuesta en una ley vigente.
El texto regresó a comisión para incorporar cambios
El Pleno conoció el proyecto el 22 de septiembre. Durante esa sesión, los legisladores plantearon observaciones sobre las responsabilidades institucionales y la aplicación de las medidas propuestas.
Tras las intervenciones, se suspendió el tratamiento y el documento regresó a la comisión para analizar los ajustes. Entre los objetivos expuestos estuvo fortalecer los programas existentes y evitar duplicidades o estructuras paralelas.
Teleamazonas informó que, una vez incorporadas esas modificaciones, el texto quedó preparado para su votación. La información consultada no precisa una fecha definitiva para que el Pleno resuelva sobre su aprobación.
Recursos productivos, educación y autonomía económica
La propuesta contempla acceso en igualdad de condiciones a tierra, agua, semillas, tecnología, crédito, seguros y servicios financieros. También plantea capacitación técnica y alfabetización tecnológica, considerando las barreras territoriales, culturales, lingüísticas y de conectividad.
En el ámbito económico, busca promover el trabajo digno, la seguridad social y la comercialización de actividades productivas, incluidos emprendimientos agrícolas, artesanales y de turismo comunitario.
Cuidados, salud y prevención de la violencia
El reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado es otro componente del proyecto. Durante el debate se planteó identificar y reducir esa carga, promover la corresponsabilidad familiar y social y facilitar el acceso de las cuidadoras rurales a servicios públicos.
La iniciativa también aborda la prevención de la violencia, el acceso a la justicia, la salud y la autonomía reproductiva, junto con la participación ciudadana y política de las mujeres rurales.
Mayor representación de las organizaciones rurales
Uno de los cambios amplía de 10 a 12 integrantes el Comité Interinstitucional para las Mujeres Rurales y aumenta de cuatro a seis sus representantes de organizaciones sociales.
La selección deberá ser participativa y transparente, con representación de Costa, Sierra, Amazonía y región Insular. El texto mantiene la conformación paritaria y establece que la planificación se ejecutará con presupuestos institucionales existentes.
