La diligencia no pudo instalarse por la ausencia del expresidente, quien, según su defensa, permanece hospitalizado por complicaciones cardíacas. El Tribunal convocó una nueva audiencia para el 3 de septiembre y la Fiscalía advirtió sobre el riesgo de que el proceso se prolongue.
La audiencia de juzgamiento del caso Pruebas COVID-19, en el que está procesado el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz junto con otras tres personas, volvió a declararse fallida este lunes 31 de agosto de 2026. Es la quinta ocasión en que la diligencia no logra reinstalarse para que el Tribunal Penal del Guayas dé a conocer su resolución.
La defensa de Bucaram solicitó un nuevo diferimiento argumentando que el exmandatario permanece hospitalizado debido a un problema cardíaco. Según sus abogados, Bucaram fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado 26 de agosto.
Ante su ausencia, el Tribunal dispuso nuevamente que integrantes del Bloque de Búsqueda de la Policía acudieran a la casa de salud señalada para verificar la situación del procesado. Sin embargo, los agentes reportaron que no recibieron las facilidades necesarias para confirmar su ubicación dentro de la clínica.
Nueva fecha para conocer la resolución
Tras declarar fallida la diligencia, el Tribunal fijó una nueva fecha para el jueves 3 de septiembre de 2026, a las 17:00. En esa jornada está previsto que se retome el proceso y se conozca la decisión sobre la situación jurídica de los procesados.
El proceso se encuentra en su etapa final. La Fiscalía informó que durante el juicio presentó más de 100 elementos probatorios, entre pericias, testimonios y documentos, relacionados con la investigación sobre la presunta negociación irregular de aproximadamente 21.000 pruebas para detectar COVID-19 e insumos médicos durante la pandemia.
Fiscalía alerta sobre las constantes postergaciones
La fiscal del caso, Lidia Sarabia, solicitó que se investiguen las circunstancias que han provocado los sucesivos aplazamientos de la diligencia.
La preocupación de la Fiscalía se relaciona con la posibilidad de que la prolongación del proceso tenga consecuencias sobre los plazos legales de la causa. La institución ha señalado previamente que el proceso investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada con la comercialización irregular de pruebas de diagnóstico durante la emergencia sanitaria.
La reiteración de los diferimientos ocurre después de varias convocatorias realizadas durante los últimos meses. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, en mayo de 2026 el tribunal había anunciado que comunicaría su decisión oral en los primeros días de junio; posteriormente se produjeron nuevas convocatorias durante julio y agosto sin que hasta entonces se emitiera la resolución.
¿De qué trata el caso Pruebas COVID-19?
La investigación se originó durante la pandemia y está relacionada con la presunta comercialización irregular de pruebas rápidas para detectar coronavirus.
En el proceso están involucrados Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el ciudadano israelí Oren Sheinman y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Leandro Berrones. Los cuatro enfrentan un proceso por el presunto delito de delincuencia organizada.
Según la Fiscalía, la investigación comprende hechos ocurridos principalmente entre marzo y agosto de 2020. La acusación sostiene que habría existido una estructura que buscaba obtener beneficios económicos mediante la negociación de pruebas de diagnóstico e insumos médicos.
La Fiscalía también ha señalado que durante la investigación se analizaron actuaciones relacionadas con servidores y bienes de la Agencia Metropolitana de Tránsito y que los hechos investigados tuvieron conexiones con varias provincias, entre ellas Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas.
Un proceso que se extiende desde 2020
La causa penal se inició formalmente en agosto de 2020 y ha atravesado varias etapas judiciales antes de llegar a la fase de resolución.
En abril de 2025 comenzó la audiencia de juicio luego de siete diferimientos previos. Durante 2025 y 2026 se desarrollaron jornadas destinadas a la presentación de pruebas, testimonios, pericias y alegatos de las partes.
El 14 de mayo de 2026, la Fiscalía presentó su alegato de cierre y solicitó sentencia para los cuatro procesados, a quienes acusa de integrar una estructura que habría obtenido beneficios económicos mediante la comercialización de pruebas COVID-19 e insumos médicos.
En agosto, el proceso volvió a enfrentar dificultades para llegar a su resolución. Una de las últimas suspensiones estuvo relacionada con la ausencia de Bucaram, quien, según su defensa, permanecía internado en una unidad de cuidados intensivos después de una intervención cardíaca.
La próxima audiencia será clave
Con la nueva convocatoria del 3 de septiembre, el Tribunal Penal del Guayas deberá intentar nuevamente instalar la diligencia y avanzar hacia la resolución del proceso.
Mientras tanto, las acusaciones formuladas por la Fiscalía continúan siendo parte de un proceso judicial en curso y la responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por los jueces correspondientes.
