La propuesta también contempla medidas de protección para denunciantes, atención a niños y adolescentes afectados y mapas de riesgo en entornos educativos. El texto aún debe debatirse y votarse.
La Asamblea Nacional tiene previsto tratar en segundo debate, el 29 de septiembre de 2026, un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes recluten a niños, niñas y adolescentes para actividades delictivas. La iniciativa, presentada por la asambleísta Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional (ADN), plantea reformas a 15 cuerpos legales.
Uno de los cambios centrales modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta eleva la pena por reclutamiento de menores de los 10 a 13 años vigentes a un rango que partiría de 22 años y podría llegar a 26 años en los casos más graves. También plantea incorporar los términos “usar” y “utilizar” a la descripción del delito, para abarcar otras formas en que las organizaciones criminales involucran a menores.
El proyecto incluye una disposición para proteger la identidad de quienes denuncien estos casos ante la Fiscalía. Además de las sanciones penales, propone atención estatal para los niños y adolescentes captados por redes delictivas.
En materia de prevención, el texto plantea que los ministerios de Educación, Interior y Salud elaboren mapas de riesgo para identificar instituciones educativas y entornos con mayor exposición al reclutamiento y al consumo de sustancias sujetas a fiscalización. También prevé que los gobiernos locales adopten medidas para prevenir la promoción o apología de actividades delictivas en espectáculos y espacios públicos cercanos a centros educativos.
Las nuevas penas y medidas todavía no están vigentes. Su aplicación dependerá del resultado del debate legislativo y de la aprobación de la reforma.
