En el 2022, el DMQ aprobó la Ordenanza 041, una normativa civil para la defensa del arbolado urbano y los polinizadores. La Ordenanza de protección, fomento, preservación del arbolado urbano nació para garantizar la conservación, mantenimiento y desarrollo del arbolado urbano ante el crecimiento inmobiliario desordenado, y prohibir químicos que afecten a los polinizadores en Quito.
La Ordenanza garantiza la conservación vegetal y es clave para mejorar el ambiente y el bienestar de los ciudadanos; a pesar de la normativa, la tala ilegal y sin autorización municipal persisteen múltiples sectores de la ciudad, Las constantes denuncias por podas agresivas, antitécnicas y destrucciones arbóreas demuestran que la brecha entre la ley y la realidad del arbolado sigue siendo el mayor desafío para el Municipio.
Aunque la Ordenanza 041-2022, plantea que la tala es la última opción, las Unidades de Ambiente de las distintas Administraciones Zonales, aún autorizan talas e intervenciones, en algunos casos innecesarias. Un caso emblemático de defensa del arbolado ocurrió en el Condominio Kazzú II, que en 2022 perdió dos de sus mejores ejemplares debido a una autorización municipal errónea, que además propició el desmoche de otros dos árboles. Ante esto, la Agencia Metropolitana de Control no hizo nada, justificando su inacción en más de un centenar de páginas y dejando este arbolado vulnerable; lo que evidencia la urgencia de una gestión técnica articulada y de un control municipal riguroso, pues de nada sirve tener leyes ambientales si la falta de fiscalización interna sigue permitiendo la pérdida del arbolado.
Los aciertos y las deudas de la Ordenanza
La Ordenanza dotó de herramientas que regulan tanto el espacio público como el privado, la normativa introdujo un régimen sancionatorio que clasifica las infracciones con rigor; bajo este marco, la tala no autorizada de ejemplares patrimoniales o protegidos penaliza a los infractores con multas de hasta 50 salarios básicos unificados
Sentó un precedente al prohibir el uso de pesticidas en parques y áreas públicas y proteger a los polinizadores; sin embargo, está pendiente la socialización de esta prohibición con la ciudadanía. Resulta indispensable que el Municipio genere procesos de sensibilización, cuidado y promoción del arbolado con la población.
Defensores del arbolado exigen mayor capacidad operativa al Municipio, se evidencia una fiscalización tardía, la AMC y la Secretaría de Ambiente llegan cuando el árbol ya fue talado. Falta una estrategia de monitoreo preventivo y una línea de respuesta rápida para las denuncias
La ciudadanía reporta que contratistas municipales o empresas de servicios públicos realizan podas severas que dejan a los árboles vulnerables a plagas o caídas, contradiciendo los manuales técnicos. La falta de un censo forestal de Quito, sumado a los pocos arboristas en las Unidades de Ambiente, al igual que la burocracia y la lentitud en los procesos sancionatorios son una deuda del Municipio con la ciudad; un vacío que vulnera al patrimonio verde.
