Más de 1.200 cámaras han sido desmontadas en Ecuador desde marzo de 2025. El organismo señala que varios equipos estaban instalados en postes, semáforos y señalética sin autorización de los propietarios de la infraestructura.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 intensificó los operativos para retirar cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en espacios públicos de Ecuador. Entre marzo de 2025 y el 25 de agosto de 2026, la entidad reportó el retiro de 1.223 cámaras a escala nacional.
Los dispositivos fueron encontrados principalmente en postes de empresas eléctricas, semáforos y estructuras de señalización vial. Según el ECU 911, para instalar una cámara fuera de un predio particular se requiere autorización del propietario de la infraestructura pública y, dependiendo del caso, cumplir con otros permisos correspondientes.
¿Por qué se retiran las cámaras?
El objetivo de los operativos es identificar equipos instalados en bienes públicos sin los permisos correspondientes y determinar quién los administra, qué zonas registran y cuál es el uso que se da a las imágenes.
Geovanny Rivera, director nacional de Operaciones del ECU 911, explicó que se han encontrado tanto cámaras fijas de uso doméstico como sistemas más sofisticados, incluidos equipos tipo domo y dispositivos con analítica de video y lectura de placas.
Antes de retirar una cámara, las autoridades buscan identificar a su propietario con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Si no existe autorización para su instalación, el equipo es desmontado y puede ser reclamado posteriormente por su dueño.
Guaranda, uno de los puntos de los últimos operativos
Uno de los operativos recientes se realizó en Guaranda, donde fueron retiradas cámaras instaladas en infraestructura pública.
La intervención se enmarca en los controles que realizan las autoridades para verificar que los sistemas particulares de videovigilancia ubicados fuera de propiedades privadas cumplan con las autorizaciones necesarias.
El ECU 911 informó que, del total de 1.223 cámaras retiradas, apenas 83 propietarios reclamaron sus equipos durante o después de los operativos, una cifra inferior al 1% del total intervenido.
¿Qué ocurre con las cámaras utilizadas para cometer delitos?
El ECU 911 también ha advertido sobre casos en los que determinadas cámaras habrían sido instaladas estratégicamente para obtener información sobre movimientos de las fuerzas de seguridad.
Juan Carlos Paladines, director nacional del ECU 911, señaló que durante uno de los operativos se detectaron dispositivos orientados hacia lugares utilizados por Policía y Fuerzas Armadas durante sus intervenciones. Según el funcionario, también se han identificado cámaras que podrían estar relacionadas con actividades delictivas, como extorsiones y control territorial del microtráfico.
Estas situaciones son parte de las investigaciones que buscan determinar quién administra los equipos y con qué propósito fueron instalados.
¿Se puede poner una cámara que apunte hacia la calle?
Los ciudadanos sí pueden instalar sistemas de seguridad en sus viviendas o edificios, pero existen diferencias entre una cámara ubicada dentro de la propiedad y otra colocada directamente sobre infraestructura pública.
Según el ECU 911, una persona que quiera vigilar el exterior de su vivienda puede instalar un dispositivo desde su propio predio, siempre que se respeten las condiciones aplicables y la cámara esté orientada hacia el perímetro de la propiedad.
En cambio, colocar una cámara directamente en un poste, semáforo o estructura pública requiere autorización de la entidad propietaria de esa infraestructura.
¿Qué dice la normativa?
El control de los sistemas de videovigilancia está relacionado con las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 214, según la explicación entregada por el ECU 911. La normativa busca ordenar la instalación e integración de sistemas de videovigilancia en espacios públicos.
Además, el ECU 911 cuenta con mecanismos técnicos para integrar cámaras de otras instituciones mediante procesos de interoperabilidad. Su documentación técnica establece requisitos para que determinados sistemas puedan conectarse con su plataforma y garantizar la disponibilidad e integridad de la información.
Las cámaras privadas también pueden aportar a investigaciones
La regulación no significa que las cámaras privadas sean ajenas a la seguridad pública. Por el contrario, el ECU 911 trabaja en procesos de interoperabilidad con sistemas de videovigilancia de gobiernos locales y, progresivamente, con determinados establecimientos privados.
El organismo informó que mantiene interoperabilidad con 55 gobiernos locales, entre ellos Quito, Guayaquil y Cuenca. En el sector privado se analizan sistemas que puedan cumplir requisitos técnicos para incorporarse a estos mecanismos.
La integración tampoco significa que el ECU 911 tenga acceso permanente a todas las cámaras privadas. Según el organismo, puede acceder a determinados equipos bajo demanda cuando existe una emergencia y no hay cobertura propia en el punto requerido.
Las grabaciones también pueden convertirse en elementos de apoyo para investigaciones judiciales cuando son solicitadas por las autoridades competentes.
Quito también avanza hacia una videovigilancia integrada
El debate sobre las cámaras ocurre en paralelo a un proceso de integración de los sistemas de seguridad de Quito.
En agosto de 2026, la Policía Nacional informó que asumiría la conducción operativa de la información generada por las cámaras de seguridad de la capital, con el objetivo de convertir las imágenes en información para prevenir delitos y orientar recursos policiales.
El Municipio de Quito, por su parte, informó que 632 cámaras municipales operan de manera interoperable con el ECU 911. Un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y la Empresa Pública de Seguridad de Quito contempla además la incorporación de personal policial a la Sala Situacional del COE Metropolitano.
La Asamblea Nacional también abrió en junio de 2026 un proceso de fiscalización sobre los sistemas de videovigilancia de Quito, a raíz de denuncias sobre un eventual uso indebido de estos sistemas y posibles afectaciones a la privacidad.
El escenario muestra que la videovigilancia se ha convertido en una herramienta central para la seguridad, pero también plantea la necesidad de establecer controles sobre dónde se instalan las cámaras, quién administra la información y para qué puede utilizarse.
