La Fiscalía sostiene que un agente en servicio activo habría ofrecido gestionar cambios de unidad dentro de la Policía Nacional a cambio de pagos. La investigación se inició tras una alerta sobre una posible red de corrupción.
Una investigación por presunto tráfico de influencias puso bajo la lupa a un policía en servicio activo que habría utilizado sus contactos dentro de la institución para ofrecer a otros uniformados la posibilidad de conseguir pases y traslados a determinadas unidades policiales a cambio de dinero.
El procesado, identificado como Luis C., fue llevado ante la justicia el viernes 28 de agosto de 2026, luego de una investigación que comenzó varios meses atrás y que incluyó seguimientos, vigilancias e interceptación de comunicaciones.
Una alerta permitió descubrir la presunta operación
La investigación previa comenzó el 10 de abril de 2026, después de que la Sección de Investigación de Conducta Policial entregara información a la Fiscalía sobre una posible estructura dedicada a gestionar irregularmente movimientos de personal policial en Quito.
A partir de esa alerta, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, aplicó distintas técnicas especiales de investigación. Entre ellas estuvieron seguimientos, vigilancias, interceptaciones de comunicaciones, entrevistas y recopilación de versiones.
Los pagos habrían llegado a una cuenta personal
Según las pesquisas expuestas durante la audiencia, el policía investigado habría solicitado dinero a otros miembros de la institución para intervenir ante las autoridades correspondientes y conseguir los cambios de destino.
La Fiscalía sostiene que los pagos presuntamente realizados por los interesados habrían sido depositados mediante transferencias bancarias a una cuenta personal del procesado.
Esta información forma parte de los elementos que deberán ser analizados durante la etapa de investigación para establecer si existió efectivamente una estructura organizada y cuál habría sido el nivel de participación del uniformado.
Allanaron una UPC en Quito
El caso derivó en un operativo ejecutado el 27 de agosto, cuando Fiscalía y Policía realizaron dos allanamientos en inmuebles ubicados en Quito.
Uno de los lugares intervenidos fue una Unidad de Policía Comunitaria del circuito Iñaquito, donde los agentes levantaron indicios que ahora serán sometidos a pericias.
Entre los elementos encontrados constan un teléfono celular y una computadora portátil, dispositivos que podrían aportar información sobre las comunicaciones y eventuales transacciones relacionadas con la investigación.
¿Qué decidió la justicia?
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó los elementos recopilados y solicitó que se inicie un proceso penal contra Luis C.
La jueza que conoció el caso aceptó el pedido y estableció un período de 90 días de instrucción fiscal, durante el cual se deberán recopilar nuevas evidencias y determinar si existen suficientes elementos para avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.
El procesado no quedó en prisión preventiva. Como medidas cautelares, se dispuso:
- Prohibición de salida del país.
- Presentación semanal ante Fiscalía.
- Uso de grillete electrónico.
- Retención de cuentas bancarias.
- Prohibición de enajenar bienes.
Podría enfrentar hasta cinco años de prisión
El delito investigado es el de oferta de realizar tráfico de influencias, contemplado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De acuerdo con la información difundida por Fiscalía y recogida por Teleamazonas, esta infracción contempla una pena de tres a cinco años de prisión.
Sin embargo, la investigación recién entra en su etapa pública y la responsabilidad penal del procesado todavía no ha sido determinada por una sentencia.
La investigación busca establecer si hubo una red
Más allá de la situación individual del policía procesado, uno de los puntos centrales será determinar si existieron más funcionarios o intermediarios involucrados en la presunta gestión irregular de pases y traslados.
Los dispositivos incautados, las transferencias bancarias y las comunicaciones que sean incorporadas legalmente al expediente podrían ayudar a Fiscalía a reconstruir cómo habría funcionado el mecanismo y quiénes habrían participado.
Por ahora, el caso permanece bajo investigación durante los próximos 90 días, mientras las autoridades buscan esclarecer si los movimientos dentro de la Policía Nacional fueron ofrecidos de manera irregular y a cambio de pagos.
