En Guayaquil fueron desmontadas 40 cámaras en sectores del norte de la ciudad. El organismo señala que solo 82 de los equipos retirados en el país han sido reclamados por sus propietarios.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 intensificó los operativos para retirar cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en espacios públicos. Este lunes 24 de agosto, autoridades y personal militar intervinieron sectores del norte de Guayaquil y desmontaron alrededor de 40 equipos.
El operativo se concentró principalmente en las ciudadelas Acuarela del Río y Brisas del Río, cerca de la autopista Narcisa de Jesús. También se identificaron dispositivos en zonas aledañas como Sauces y Guayacanes.
De acuerdo con el ECU911, los equipos fueron instalados sin cumplir con las condiciones establecidas para su ubicación en espacios públicos. Durante el recorrido, los técnicos verificaron cada dispositivo y solicitaron apoyo para desmontar aquellos que no cumplían con la normativa.
Algunos de los equipos retirados contaban incluso con megáfonos, mientras que otros estaban ubicados en postes o estructuras instaladas en calles y accesos. En cada punto intervenido se colocaron notificaciones para informar a los posibles propietarios sobre el procedimiento para recuperar los dispositivos.
1.150 cámaras retiradas en un año
El director del ECU911, Juan Carlos Paladines, informó que durante aproximadamente un año de operativos a escala nacional se han decomisado 1.150 cámaras, pero solamente 82 han sido reclamadas y devueltas a sus propietarios.
Según las autoridades, esta cifra genera preocupación porque una parte importante de los equipos podría estar relacionada con actividades de grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, también se reconoce que algunas cámaras pudieron ser instaladas por ciudadanos particulares.
En Guayaquil se han ejecutado nueve operativos que han permitido retirar al menos 200 dispositivos. Las intervenciones también se han realizado en ciudades como Camilo Ponce Enríquez, Babahoyo, Ambato, Quevedo y Santo Domingo.
Las autoridades han detectado casos considerados más complejos. En algunos puntos se encontraron sistemas sofisticados con tecnología de reconocimiento facial y hasta centros privados de monitoreo instalados dentro de viviendas.
¿Qué ocurre con las cámaras retiradas?
El ECU911 explicó que las personas que consideren ser propietarias de los equipos pueden solicitar su devolución. Para ello deberán presentar la factura correspondiente o una declaración juramentada que acredite la propiedad.
Los propietarios disponen de 30 días para realizar este trámite ante el ECU911.
Las autoridades sostienen que uno de los riesgos de las redes de cámaras instaladas de manera irregular es que puedan ser utilizadas para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad, monitorear actividades comerciales o facilitar acciones relacionadas con extorsiones y tráfico de drogas.
El ECU911 aclaró que los ciudadanos sí pueden instalar sistemas de videovigilancia dentro de sus propiedades, pero existen restricciones cuando los dispositivos son colocados en espacios públicos, particularmente en postes de alumbrado.
Los operativos continuarán en otras provincias del país como parte de una estrategia para identificar equipos instalados sin autorización y determinar su posible utilización en actividades ilícitas.
