Trece personas fueron procesadas por presunta delincuencia organizada tras la operación Zeus 4. Una jueza dispuso prisión preventiva y una instrucción fiscal de 90 días.
Conversaciones de WhatsApp, videos, interceptaciones telefónicas y pericias balísticas forman parte de una investigación contra una presunta facción de Los Lobos que habría operado principalmente en Quevedo y Buena Fe, en Los Ríos.
La Fiscalía presentó elementos relacionados con 13 hechos investigados entre marzo y octubre de 2026. Su hipótesis describe una estructura con funciones de selección de víctimas, coordinación, ejecución de delitos, transporte y recaudación de dinero.
Operación Zeus 4 y cargos judiciales
El ministro del Interior, John Reimberg, presentó los resultados de la operación Zeus 4, ejecutada el 5 de noviembre, e informó de 25 allanamientos en seis provincias y 14 detenidos.
Sin embargo, la audiencia revisada por Extra corresponde a 13 procesados. La publicación no establece que ambas cifras describan exactamente la misma situación judicial.
El Ministerio del Interior también atribuyó a la presunta organización movimientos bancarios por USD 5 millones durante un año. Ese monto no equivale, por sí solo, a dinero incautado ni a ganancias ilícitas determinadas mediante sentencia.
Los teléfonos aportaron indicios
Parte de la investigación se apoya en información extraída de celulares decomisados durante procedimientos anteriores por extorsión.
La Fiscalía sostiene que encontró conversaciones sobre amenazas, selección de víctimas y coordinación de actividades delictivas. También incorporó grabaciones de agresiones que presuntamente habrían sido utilizadas para intimidar a otras personas y exigir pagos.
El expediente describe posibles mandos y funciones diferenciadas, incluidas supuestas coordinaciones mediante llamadas desde una cárcel. Estas atribuciones permanecen sujetas a investigación y contradicción judicial.
Armas, vehículos y cuentas bancarias
Pericias balísticas relacionaron 13 asesinatos con seis armas de fuego. Los investigadores también examinan el uso de vehículos robados o con placas alteradas.
En el componente financiero, la Fiscalía identificó transferencias entre cuentas de personas investigadas y solicitó retener fondos de cuatro cuentas bancarias. El proceso deberá establecer el origen, destino y posible relación de esos recursos con los delitos.
Prisión preventiva y 90 días de investigación
La audiencia comenzó la noche del 5 de noviembre y terminó en la madrugada del día siguiente. La jueza Daniela Mayorga acogió el pedido fiscal de prisión preventiva para los 13 procesados y fijó 90 días de instrucción fiscal.
Las defensas cuestionaron varios elementos presentados por la Fiscalía. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una sentencia de culpabilidad.
