La excandidata presidencial fue detenida en Canuto, Manabí. La investigación examina el origen de recursos y gastos de publicidad de la campaña electoral de 2023.
La detención de Luisa González, ocurrida la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, corresponde al caso Laberinto. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad de la campaña presidencial de 2023.
El operativo se desarrolló en Manabí y Pichincha, donde se ejecutaron tres órdenes de detención con fines de formulación de cargos. El expediente involucra a siete personas investigadas por presunto lavado de activos.
González fue aprehendida en la parroquia Canuto, cantón Chone, y trasladada a Quito para las diligencias. La Fiscalía anunció que formularía cargos contra ella y los otros dos detenidos; el reporte consultado no recoge todavía una resolución judicial sobre medidas cautelares.
La indagación se concentra en supuestas inconsistencias entre los aportes de campaña y el origen lícito de los fondos. Laberinto es el expediente identificado para este operativo, mientras que Caja Chica constituye otro antecedente investigativo relacionado con las cuentas electorales del correísmo.
González ha rechazado previamente las acusaciones. Según Reuters, sostiene que su organización presentó los gastos de la campaña de 2023 ante la autoridad electoral y que la Fiscalía carece de pruebas para sustentar sus señalamientos. Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira también reaccionaron a la detención.
Las sospechas fiscales permanecen bajo investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
