La Asamblea aprobó con 88 votos un nuevo marco para la aviación civil ecuatoriana. La propuesta incorpora descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad, reglas de compensación a pasajeros, cielos abiertos y cambios en la gestión aeroportuaria.
Después de casi dos décadas con un marco normativo que data de 2007, Ecuador está a las puertas de una nueva regulación para su sistema de aviación civil.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 24 de septiembre de 2026, con 88 votos a favor, el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil. La propuesta reemplaza y unifica disposiciones que actualmente se encuentran distribuidas entre la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico.
El proyecto todavía no entra en vigencia. Después de la aprobación legislativa, debe ser remitido al Ejecutivo para que el presidente de la República decida si lo sanciona u objeta dentro del plazo constitucional correspondiente.
Más protección para los pasajeros
Uno de los cambios que tendría un impacto directo en los viajeros es la incorporación de nuevas disposiciones sobre los derechos de los pasajeros.
El texto establece mecanismos relacionados con reembolsos y compensaciones cuando se produzcan suspensiones o interrupciones de viajes, con obligaciones para los operadores aéreos en determinadas circunstancias.
La propuesta también contempla un descuento del 50% en las tarifas del transporte aéreo para adultos mayores y personas con discapacidad.
El beneficio forma parte de las medidas de protección a grupos específicos que incorpora el nuevo marco legal. Su aplicación efectiva, sin embargo, dependerá de la entrada en vigencia de la normativa.
Cielos abiertos para atraer nuevos operadores
Otro de los ejes de la propuesta es la incorporación de una política de cielos abiertos.
La finalidad planteada es facilitar el ingreso de nuevos operadores, ampliar las rutas y frecuencias y generar mayores condiciones de competencia en el mercado aéreo ecuatoriano.
El proyecto también contempla que empresas extranjeras domiciliadas en Ecuador, siempre que obtengan las autorizaciones correspondientes, puedan prestar servicios de transporte aéreo comercial dentro del territorio nacional.
Para Galápagos se mantienen condiciones específicas, entre ellas la necesidad de contar con un informe técnico favorable del Consejo de Gobierno del Régimen Especial.
La expectativa expresada durante el debate legislativo es que una mayor apertura pueda contribuir a incrementar la conectividad aérea y facilitar la llegada de nuevas aerolíneas.
Cambios en la administración de aeropuertos
La propuesta también modifica el modelo de gestión de la infraestructura aeroportuaria.
La delegación de servicios aeroportuarios al sector privado quedaría permitida de manera excepcional, mediante procedimientos de competencia pública y con estudios técnicos, económicos y jurídicos.
El mecanismo podría aplicarse cuando el Estado no tenga capacidad técnica, administrativa o financiera para prestar determinado servicio o cuando la participación privada demuestre mejores condiciones de gestión.
De acuerdo con lo explicado durante el debate, esto no significaría la venta de los aeropuertos ni la transferencia de la propiedad pública. El Estado mantendría las funciones de rectoría, planificación, regulación y control del sector.
Quito, Guayaquil y Cuenca: el punto que genera debate
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta está relacionado con los municipios que actualmente tienen competencias sobre aeropuertos.
La Disposición General Tercera establece que los gobiernos autónomos descentralizados que estén legalmente facultados para administrar servicios aeroportuarios, directamente o mediante delegación privada, deberán celebrar un “acuerdo de gestión concurrente” con el Gobierno central para continuar con la prestación del servicio.
La disposición alcanza a los tres municipios que actualmente tienen competencias sobre sus aeropuertos: Quito, Guayaquil y Cuenca.
En Quito, la operación del aeropuerto Mariscal Sucre está concesionada a Quiport; en Guayaquil, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo es operado por TAGSA; mientras que el Municipio de Cuenca administra el aeropuerto Mariscal Lamar.
Este punto generó cuestionamientos durante el debate legislativo. El asambleísta del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano sostuvo que la disposición podría afectar los principios de descentralización y autonomía de los gobiernos locales.
Desde la posición oficialista se sostiene, en cambio, que el mecanismo busca establecer una coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos locales para la gestión aeroportuaria.
Por ahora, no existe una decisión judicial que determine que la disposición vulnera la autonomía municipal. Se trata de un punto de controversia política y jurídica que podría adquirir mayor relevancia durante la aplicación de la normativa.
Drones también entran en la nueva regulación
La reforma no se limita a los vuelos comerciales.
El proyecto incorpora reglas específicas para las aeronaves no tripuladas o drones, incluyendo registro, autorización, control e inspección.
La propuesta establece el registro obligatorio para drones desde los 250 gramos, con el objetivo de facilitar su identificación y trazabilidad. También contempla restricciones y mecanismos de control para operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad aérea.
La DGAC deberá coordinar acciones relacionadas con estas aeronaves con otras instituciones del Estado, de acuerdo con sus respectivas competencias.
La DGAC tendrá un nuevo rol
La reforma también plantea cambios institucionales.
El proyecto elimina el Consejo Nacional de Aviación Civil y traslada la rectoría de la política pública aeronáutica a la entidad responsable del transporte, mientras que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) mantiene su papel como autoridad técnica de regulación, control y vigilancia.
Además, se establece una Junta Investigadora de Accidentes con autonomía administrativa, operativa, financiera y decisoria, destinada a investigar accidentes e incidentes graves con una función preventiva.
¿Qué sigue ahora?
La aprobación de la Asamblea constituye un paso importante, pero el proceso legislativo todavía no ha concluido.
El proyecto deberá llegar al Ejecutivo, donde podrá ser sancionado u observado. Solo después de completar el procedimiento constitucional y ser publicado en el Registro Oficial podrá entrar en vigencia conforme a las disposiciones establecidas.
Mientras tanto, los principales cambios planteados permiten identificar tres grandes ejes: mayor protección para los pasajeros, apertura y conectividad del mercado aéreo y una nueva estructura para la gestión y regulación de la infraestructura aeroportuaria.
La discusión sobre las competencias de Quito, Guayaquil y Cuenca será uno de los temas que seguirá bajo atención durante la siguiente etapa del proceso.
