Personas de 14 nacionalidades han sido enviadas a Ecuador desde territorio estadounidense. Según registros del Data Deportation Project, el 23% tiene antecedentes penales o procesos judiciales pendientes en Estados Unidos.
Ecuador ha recibido al menos a 450 ciudadanos extranjeros deportados desde Estados Unidos desde 2023, según datos recopilados por el Data Deportation Project. Las personas corresponden a 14 nacionalidades y, de acuerdo con los registros, una parte de ellas tiene antecedentes penales o causas judiciales pendientes en territorio estadounidense.
El tema volvió a la agenda luego de que, el 8 de septiembre de 2026, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunciara un nuevo envío de extranjeros deportados hacia Ecuador. El funcionario publicó en redes sociales el mensaje “Próxima parada Ecuador”, lo que generó atención sobre el papel que tendrá el país en la política migratoria estadounidense.
¿De qué países son los deportados?
Los registros analizados muestran que los extranjeros enviados a Ecuador proceden de Egipto, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, Jamaica, Venezuela, Perú, Colombia, Guatemala, Cuba, España, Chile y Panamá.
El primer caso identificado en la base de datos corresponde a un ciudadano egipcio de 27 años, expulsado desde San Antonio, Texas, bajo una categoría migratoria relacionada con una orden final de deportación. El registro lo clasifica además como una persona condenada por delitos.
En total, el 23% de los extranjeros enviados a Ecuador registra condenas penales o mantiene procesos judiciales abiertos en Estados Unidos. La información disponible no permite conocer públicamente todos los detalles de cada caso.
Los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos
La llegada de ciudadanos de terceros países a Ecuador está relacionada con acuerdos suscritos entre Quito y Washington durante el gobierno de Daniel Noboa.
En julio de 2025, Ecuador y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Asilo Cooperativo (ACA), mediante un intercambio de notas diplomáticas. El convenio permite que Estados Unidos traslade a Ecuador a ciudadanos de terceros países que busquen protección internacional, aunque Ecuador conserva la facultad de aceptar o rechazar esas solicitudes.
El acuerdo establece además que no se debe trasladar a menores no acompañados y contempla el principio de non-refoulement, que impide devolver a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución o graves riesgos antes de que concluya el trámite correspondiente.
Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, ambos países suscribieron un nuevo entendimiento que amplió el alcance de la cooperación migratoria. Este establece que Ecuador brindará procesamiento migratorio para personas trasladadas hacia su país de origen, país de residencia u otro destino.
Una práctica que comenzó antes de los acuerdos
Aunque el anuncio de septiembre generó la percepción de que se trataba de una medida completamente nueva, los registros revisados por el Data Deportation Project muestran que Estados Unidos ya había enviado ciudadanos de terceros países a Ecuador desde febrero de 2023, antes de la firma del Acuerdo de Asilo Cooperativo de 2025.
El proyecto obtuvo los datos mediante litigios amparados en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos. Estos registros permiten identificar deportaciones de personas no ecuatorianas hacia Quito durante los últimos años.
Por otra parte, Third Country Deportation Watch, una iniciativa de Refugees International y Human Rights First, había contabilizado hasta junio de 2026 121 personas trasladadas físicamente a Ecuador bajo el ACA. Esta cifra difiere de la base de datos más amplia del Data Deportation Project, debido a las metodologías y periodos considerados.
Seguridad y migración
La recepción de extranjeros deportados se produce en un contexto de creciente cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad. Esta relación incluye asistencia estadounidense, cooperación militar y nuevos mecanismos para enfrentar al crimen organizado transnacional.
El debate también coincide con la reciente deportación desde Estados Unidos del exministro ecuatoriano José Serrano, quien fue enviado a Ecuador a finales de agosto y permanece bajo custodia mientras enfrenta un proceso judicial por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Un funcionario estadounidense sostuvo que Serrano era buscado por Interpol y enfrentaba cargos relacionados con corrupción y presuntos vínculos con cárteles.
La política migratoria estadounidense establece que un extranjero puede ser deportado, entre otras circunstancias, por ingresar irregularmente, incumplir las condiciones de su visa, cometer delitos o representar una amenaza para la seguridad pública.
