La fiscalización busca determinar si existen incrementos patrimoniales que no puedan ser justificados por autoridades de los gobiernos locales.
La Asamblea Nacional mantiene abierta una investigación sobre los patrimonios de alcaldes y prefectos del Ecuador, luego de que una investigación periodística identificara variaciones patrimoniales en decenas de autoridades locales.
El proceso legislativo busca cruzar información de diferentes instituciones para establecer si los incrementos registrados en las declaraciones patrimoniales tienen una explicación legítima o si existen casos que requieren una investigación de los organismos de control.
Un tercio de alcaldes y prefectos registra variaciones
Una investigación de Spondylus Info Lab, difundida por Primicias, revisó las declaraciones patrimoniales de 225 alcaldes y 23 prefectos y encontró 79 casos de saltos patrimoniales registrados durante sus periodos de gestión.
Los datos corresponden a las declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado y disponibles como información pública. Entre los casos analizados aparecen autoridades que reportaron adquisiciones de terrenos, viviendas, vehículos, ganado y maquinaria, entre otros bienes.
Sin embargo, una variación patrimonial no significa automáticamente que exista una irregularidad. Los cambios pueden responder a herencias, compra de bienes, correcciones en las declaraciones, actividades empresariales u otras circunstancias que deben ser verificadas.
Asamblea pide cruzar información
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea inició acciones de fiscalización para conocer el origen de estos cambios y determinar si existen inconsistencias que deban ser investigadas.
Los legisladores solicitaron información a entidades como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio del Trabajo.
El objetivo es comparar los ingresos declarados por las autoridades con sus actividades económicas y empresariales, cuando corresponda, y establecer si existe coherencia entre sus ingresos y la evolución de sus patrimonios.
¿Qué puede explicar un aumento del patrimonio?
Especialistas consultados en la investigación periodística señalaron que un incremento patrimonial puede tener diferentes explicaciones.
Entre ellas están la recepción de una herencia, la adquisición de bienes, la corrección de errores en declaraciones anteriores o los ingresos provenientes de actividades empresariales.
Por eso, el análisis de las declaraciones patrimoniales debe complementarse con información financiera, tributaria y societaria antes de establecer si existe una posible irregularidad.
La declaración patrimonial constituye una herramienta de transparencia que permite comparar los bienes y obligaciones de un funcionario antes y durante el ejercicio de su cargo.
Contraloría tiene un papel clave
La Contraloría es una de las instituciones que puede examinar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y determinar si existen elementos que ameriten acciones adicionales.
En caso de que un examen determine indicios de responsabilidad penal, la información puede ser remitida a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes.
De hecho, la Fiscalía informó recientemente a la Asamblea que tiene 206 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con Gobiernos Autónomos Descentralizados, correspondientes al periodo entre enero de 2024 y julio de 2026.
El control también alcanza a los gobiernos locales
La fiscalización sobre los patrimonios se suma a otras investigaciones que involucran a municipios y prefecturas.
La Asamblea también ha pedido información sobre los informes de Contraloría relacionados con los gobiernos locales para conocer cuáles son las principales irregularidades detectadas y cuántos casos han llegado a la Fiscalía.
Según la información presentada por el Ministerio Público, de los 206 informes con indicios de responsabilidad penal, 101 corresponden a posibles casos de peculado y 83 a falsificación y uso de documento falso. También existen informes relacionados con tráfico de influencias y otros delitos.
La investigación sobre los patrimonios de alcaldes y prefectos se desarrolla en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones seccionales de 2027, por lo que el proceso de fiscalización también genera debate sobre el uso político de las investigaciones y la necesidad de garantizar que cualquier señalamiento esté respaldado por evidencia.
