La movilización se realizó este 1 de septiembre en Quito. Las organizaciones denuncian que 51 personas fueron detenidas y posteriormente reportadas como desaparecidas tras operativos militares desde 2024.
Familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos realizaron este martes 1 de septiembre de 2026 un plantón frente al Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, para exigir al Gobierno información sobre el paradero de sus seres queridos y sobre los operativos militares en los que, según sus denuncias, fueron vistos por última vez.
Los manifestantes colocaron en el suelo fotografías y nombres de las personas desaparecidas. Con carteles y consignas reclamaron respuestas a las autoridades y pidieron que se esclarezcan las circunstancias de cada caso.
Organizaciones denuncian 51 casos
Durante la protesta, las organizaciones señalaron que 51 personas han sido reportadas como detenidas y desaparecidas después de operativos militares desde enero de 2024.
Los casos mencionados corresponden a diferentes provincias, entre ellas Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, e incluyen tanto adultos como menores de edad. Las organizaciones relacionan estas denuncias con el despliegue de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción y el contexto de conflicto armado interno declarado por el Gobierno en enero de 2024.
Las cifras corresponden a los registros manejados por los colectivos de familiares y derechos humanos, por lo que cada caso debe ser investigado individualmente por las autoridades competentes.
¿Qué información reclaman?
Uno de los principales pedidos de los familiares es conocer qué unidades militares participaron en los operativos, quiénes eran los uniformados que intervinieron, qué vehículos utilizaron y cuál fue el recorrido realizado después de las detenciones.
También reclaman información sobre los lugares a los que habrían sido trasladadas las personas antes de que se perdiera su rastro.
Las organizaciones sostienen que parte de esta información se encuentra en poder del Ministerio de Defensa y cuestionan que no haya sido entregada a las familias ni a las instituciones que investigan los casos.
Reclaman cumplimiento de medidas cautelares
La protesta de este martes estuvo precedida por una movilización realizada el 31 de agosto frente al Ministerio de Defensa.
Representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y del Comité de Familiares por Verdad y Justicia presentaron una petición para exigir el cumplimiento de medidas cautelares relacionadas con personas presuntamente desaparecidas.
Según los representantes de las organizaciones, el Ministerio de Defensa tendría un plazo de 40 días para entregar determinada información. En caso de incumplimiento, anunciaron que acudirían ante la Corte Constitucional mediante una acción por incumplimiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó en diciembre de 2025 medidas cautelares relacionadas con 26 personas presuntamente desaparecidas y seis mujeres que participan en su búsqueda, de acuerdo con reportes sobre el caso.
Los familiares piden conocer el paradero de sus seres queridos
Durante el plantón también se escucharon testimonios de familiares que aseguran haber visto por última vez a sus seres queridos durante operativos realizados por militares.
Diana Roca, tía de Dave Robin Loor, señaló que su familia busca determinar qué patrulla intervino en el procedimiento en el que, según su versión, el joven fue interceptado. Afirmó además que existen videos del operativo que fueron entregados a la Fiscalía.
“Buscamos justicia y lo que pedimos es que nos digan dónde está”, manifestó durante la protesta.
Otro familiar reclamó justicia por Carlos Vega y pidió que se esclarezcan las circunstancias relacionadas con su muerte.
Los testimonios forman parte de las denuncias presentadas por las familias y organizaciones, mientras las responsabilidades individuales deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
El caso de los cuatro menores de Las Malvinas
Las organizaciones también hicieron referencia al caso de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, como uno de los hechos que incrementó la preocupación sobre las denuncias de desapariciones posteriores a operativos militares.
Los cuatro niños fueron interceptados por militares en diciembre de 2024 y posteriormente encontrados muertos. Por este caso, 16 militares fueron condenados por desaparición forzada, según reportes sobre el proceso judicial.
Los colectivos sostienen que ese caso debe ser considerado dentro de un problema más amplio y reclaman que las demás denuncias sean investigadas con la misma rigurosidad.
Una jornada marcada por fotografías y pedidos de justicia
Frente a Carondelet, los familiares permanecieron junto a fotografías y carteles con los rostros de sus seres queridos. La movilización estuvo acompañada por consignas que reclamaban información y justicia.
La jornada concluyó con un acto de memoria en homenaje a las personas desaparecidas.
El conflicto alrededor de estos casos mantiene abierto el debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la transparencia de los operativos y las obligaciones del Estado frente a denuncias de desaparición.
Mientras las familias continúan buscando respuestas, serán las investigaciones de las autoridades judiciales y los organismos competentes las que deberán determinar qué ocurrió en cada caso y establecer eventuales responsabilidades.
