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Allanan una UPC en Quito por presuntas irregularidades en pases policiales

July Ruiz
3 Min Read
La UPC de Iñaquito fue allanada por una investigación sobre presuntos pases policiales irregulares.

Fiscalía y Policía realizaron dos allanamientos en la capital como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias. Una persona fue detenida con fines de formulación de cargos.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron este jueves 27 de agosto de 2026 dos allanamientos en Quito, dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de pases de servidores policiales.

Uno de los inmuebles intervenidos fue la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del circuito Iñaquito, donde los agentes recopilaron varios indicios que serán incorporados al proceso investigativo.

Según la Fiscalía, la investigación busca determinar si existió un esquema para entregar pases policiales a cambio de dinero, lo que podría configurar un delito de tráfico de influencias.

Una persona fue detenida

Como parte del operativo, una persona fue detenida con fines de formulación de cargos. Las autoridades no han informado hasta el momento mayores detalles sobre su identidad ni sobre su posible participación en los hechos investigados.

Durante los allanamientos se levantaron varios indicios, entre ellos una computadora portátil y un teléfono celular, que serán analizados por los investigadores.

La Fiscalía continuará con las diligencias para establecer cómo se habrían gestionado los pases y si existieron funcionarios que utilizaron sus cargos o relaciones dentro de la institución para obtener beneficios económicos.

¿Qué es el tráfico de influencias?

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones para los servidores públicos o personas que ejerzan una potestad estatal y utilicen las facultades de su cargo, o una relación personal o jerárquica, para influir en otro funcionario.

La conducta se configura cuando esa influencia busca obtener un acto o resolución que genere un beneficio económico o inmaterial para el responsable o para terceros.

Este delito contempla una pena de tres a cinco años de prisión, según lo establecido en el COIP.

Investigación continúa

Los allanamientos forman parte de una investigación que busca determinar si existió una estructura dedicada a gestionar irregularmente los pases policiales y obtener dinero a cambio.

Las autoridades deberán analizar los dispositivos incautados y otros indicios recopilados para determinar responsabilidades.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa investigativa y cualquier responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso judicial correspondiente.

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