Para entre 17.000 y 20.000 ecuatorianos con insuficiencia renal crónica, la diálisis es la única opción para sobrevivir. Este tratamiento permanente puede costar más de 1.500 dólares mensuales por paciente, sumando más de 18.000 dólares anuales, reflejando la complejidad y altos recursos requeridos.
Según el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, la demanda coloca la atención renal entre los servicios más críticos del sistema de salud, que requiere infraestructura especializada, tecnología de alta precisión, insumos constantes y personal capacitado.
Más allá de las cifras, la diálisis impacta profundamente en la vida de familias, con pacientes sometidos a múltiples sesiones semanales durante años, limitando su capacidad laboral y afectando la dinámica económica y familiar, generando desgaste emocional y preocupaciones constantes.
El crecimiento de la necesidad de diálisis está ligado al aumento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, principales causas del deterioro renal. El 87 % de pacientes recibe atención en centros privados, evidenciando la gran responsabilidad de estos prestadores.
Sin embargo, la sostenibilidad del sistema está en riesgo por la deuda estatal acumulada, que supera los 400 millones de dólares entre septiembre 2025 y junio 2026, afectando la capacidad para mantener insumos, equipos y atención diaria.
La interrupción de tratamientos pone en grave riesgo la salud de los pacientes, por lo que garantizar pagos oportunos a clínicas dializadoras es crucial no sólo para la estabilidad financiera del sector, sino para proteger la continuidad vital para miles de familias ecuatorianas.
