El sentenciado exigía USD 10.000 bajo amenazas de muerte y, según Fiscalía, participó en el lanzamiento de un artefacto explosivo contra la vivienda de sus familiares.
Un hombre identificado como Alfredo Santiago C. S. fue sentenciado a siete años de prisión por el delito de extorsión, luego de exigir USD 10.000 a un familiar y amenazar de muerte a integrantes de su entorno familiar en Quito.
La sentencia fue ratificada el 21 de septiembre de 2026 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, tras una audiencia de apelación.
Las amenazas incluían un artefacto explosivo
Según la teoría del caso presentada por Fiscalía, en abril de 2024 la víctima comenzó a recibir mensajes extorsivos en los que se le exigía el pago de USD 10.000. Los mensajes contenían información personal de la víctima y de sus familiares y estaban acompañados de amenazas de muerte.
La situación escaló cuando los extorsionadores lanzaron un artefacto explosivo contra la vivienda de la familia, afectando también a un vehículo.
El extorsionador era sobrino de la víctima
Ante las amenazas, la víctima acudió a las autoridades. El 5 de mayo de 2024, agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) coordinaron una entrega controlada de dinero.
Durante el operativo fue aprehendido Alfredo Santiago C. S., quien resultó ser sobrino de la víctima.
Fiscalía presentó como evidencia un análisis de identidad humana realizado sobre grabaciones obtenidas de teléfonos celulares, cuyo resultado fue positivo respecto al procesado. También se incorporaron pericias sobre las comunicaciones mediante las cuales se habría solicitado el dinero.
Además de la cárcel, deberá pagar una indemnización
La Sala Penal ratificó la pena de siete años de privación de libertad, además de una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados.
Como parte de la reparación integral, la sentencia contempla una indemnización de USD 1.000 a favor de la víctima y atención psicológica por parte del Ministerio de Salud Pública.
Fiscalía señaló que el delito de extorsión está contemplado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
