La exvocal del Consejo de la Judicatura busca frenar el pedido de Fiscalía para formularle cargos por el presunto delito de tráfico de influencias.
La exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, presentó este jueves 17 de septiembre de 2026 una acción de protección contra la Fiscalía General del Estado, con la que busca dejar sin efecto el pedido para que se establezca fecha y hora para la formulación de cargos en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias.
La acción constitucional fue presentada en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Goyes sostiene que la Fiscalía no tendría competencia para investigar los hechos relacionados con recursos provenientes de cooperación internacional y cuestiona que se pretenda avanzar con la imputación penal.
Fiscalía pidió formular cargos
El pedido de formulación de cargos fue presentado por la Fiscalía de Pichincha el 24 de agosto de 2026. La institución sostiene que, durante la investigación previa, se recopilaron elementos que permitirían presumir la participación de Goyes en el presunto delito de tráfico de influencias.
La investigación también involucró inicialmente a Margarita Carranco, aunque, de acuerdo con la información publicada sobre la causa, la solicitud de formulación de cargos se concentra actualmente en Goyes.
La audiencia que debía realizarse el 14 de septiembre no se instaló debido a la ausencia de la abogada defensora de Goyes, quien presentó un certificado médico que establecía reposo hasta el 21 de septiembre. La jueza de Pichincha Viviana Campaña deberá fijar una nueva fecha para la diligencia.
¿Qué cuestiona Solanda Goyes?
Goyes niega haber cometido tráfico de influencias o alguna irregularidad durante su gestión. Según su versión, los hechos investigados están relacionados con proyectos de cooperación internacional destinados al fortalecimiento del acceso a la justicia y la atención a víctimas de violencia.
La exfuncionaria sostiene que los recursos de cooperación internacional cuentan con mecanismos propios de administración, auditoría y control, por lo que cuestiona la competencia de las autoridades ecuatorianas para intervenir sobre esos fondos.
También afirma que nunca administró directamente esos recursos y que las actuaciones cuestionadas correspondieron a sus funciones como directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, cargo que ocupó antes de integrar el Pleno de la Judicatura.
El antecedente de los expedientes disciplinarios
El caso se desarrolla mientras Goyes también ha cuestionado señalamientos relacionados con la prescripción de 23 expedientes disciplinarios durante la anterior administración del Consejo de la Judicatura.
En junio de 2026, el actual Pleno del CJ resolvió remitir copias de esos expedientes a la Asamblea Nacional, Contraloría y Fiscalía para que se determinen eventuales responsabilidades. Goyes ha rechazado tener responsabilidad en esas prescripciones y ha señalado que las ausencias médicas y la falta de quórum incidieron en el funcionamiento del Pleno.
Por ahora, la acción de protección presentada por Goyes deberá ser analizada por un juez constitucional. Paralelamente, la Fiscalía mantiene su solicitud para formular cargos por el presunto delito de tráfico de influencias, mientras se espera una nueva fecha para la audiencia.
