La pareja, vinculada al caso Apagón y accionista de Astrobryxa, presentó una solicitud de protección internacional en España. Sus abogados alegan persecución política y amenazas de muerte en Ecuador.
Karla Saud y José Walther Manrique, vinculados al denominado caso Progen, solicitaron protección internacional en España, según documentos presentados ante una corte federal de Estados Unidos por los abogados de Astrobryxa y de sus propietarios. La información fue reportada inicialmente por Ecuavisa y Primicias y confirmada por Teleamazonas.
La solicitud de asilo se conoce mientras en Ecuador ambos enfrentan un proceso judicial relacionado con presunto peculado y mientras continúa en Estados Unidos un litigio entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen, empresa estadounidense vinculada a los contratos de generación eléctrica adjudicados durante la crisis energética de 2024.
Alegan persecución política y amenazas
De acuerdo con los documentos entregados al tribunal estadounidense, Saud y Manrique sostienen que las actuaciones judiciales en Ecuador forman parte de una supuesta persecución política y que existen riesgos para su seguridad si regresan al país.
La defensa incorporó una denuncia presentada en Ecuador el 1 de abril de 2026, en la que Manrique reportó haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp. Según la documentación citada por Ecuavisa, los mensajes incluían fotografías de su vehículo, sus hijos y de él junto a Saud, además de amenazas contra la pareja.
Ecuavisa señaló que verificó la existencia de la denuncia, presentada ante la Fiscalía en Samborondón por el delito de intimidación.
La defensa también entregó al tribunal estadounidense documentación de organismos internacionales y reportes sobre la situación de derechos humanos y seguridad en Ecuador como parte de los argumentos para sustentar su solicitud de protección internacional.
¿Qué relación tienen con el caso Progen?
Karla Saud y José Manrique son accionistas de Astrobryxa S.A., empresa que, según documentos citados en distintos procesos judiciales, participó como subcontratista de Progen en los proyectos de generación eléctrica de Quevedo y Salitral.
Celec presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar más de USD 100 millones relacionados con los recursos entregados para esos proyectos. La empresa pública sostiene que los proyectos no cumplieron con las condiciones previstas.
En Ecuador, la Fiscalía investiga el denominado caso Apagón, relacionado con los contratos de emergencia para generación eléctrica. José Manrique fue vinculado al proceso en agosto de 2026, mientras que Karla Saud ya había sido procesada dentro de la investigación.
Las acusaciones forman parte de procesos judiciales en curso y no constituyen una sentencia definitiva de culpabilidad.
La situación de Karla Saud en España
Saud fue detenida el 9 de julio de 2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas debido a una notificación roja de Interpol solicitada en el marco del proceso ecuatoriano.
Posteriormente fue puesta en libertad bajo medidas cautelares mientras continúa el trámite relacionado con una eventual extradición a Ecuador. Entre las medidas reportadas están la obligación de presentarse periódicamente, la prohibición de abandonar España y la entrega de su pasaporte.
Ahora, la pareja espera que las autoridades españolas determinen una fecha para analizar su solicitud de protección internacional.
El proceso continúa en varios países
El caso Progen mantiene abiertos distintos frentes judiciales. En Ecuador continúa la investigación penal relacionada con los contratos de generación eléctrica, mientras que en Estados Unidos se desarrolla el litigio civil iniciado por Celec.
En este último proceso también intervienen empresas y personas relacionadas con los contratos y las transferencias de recursos. Las partes han presentado versiones contrapuestas sobre el origen de los perjuicios y las responsabilidades derivadas de los proyectos.
Por ahora, la solicitud de asilo de Saud y Manrique en España se encuentra en trámite. La aceptación o rechazo de la protección internacional dependerá de las autoridades españolas competentes.
