La última información oficial del mercado laboral corresponde a mayo de 2026, mientras que la pobreza por ingresos tiene como último registro diciembre de 2025. Expertos advierten que la falta de cifras actualizadas dificulta diseñar, focalizar y evaluar políticas públicas.
Ecuador atraviesa un período en el que algunas de sus principales estadísticas sociales dejaron de actualizarse dentro de los plazos previstos. Al 10 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mantenía como último dato mensual disponible de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) el correspondiente a mayo de este año.
Los resultados de junio y julio todavía no habían sido publicados, pese a que existían fechas previstas para su difusión. La ENEMDU de junio debía conocerse el 22 de julio y los datos del segundo trimestre estaban previstos para el 31 de julio. Posteriormente, también pasó el 25 de agosto, fecha estimada para la publicación de la información de julio.
La última fotografía del empleo es de mayo
Los datos disponibles muestran que en mayo de 2026 el 36,6% de la población económicamente activa (PEA) tenía empleo adecuado o pleno, mientras que el subempleo representaba el 18,3%.
En comparación con mayo de 2025, el empleo adecuado pasó de 35,2% a 36,6%, mientras que el subempleo bajó de 20,9% a 18,3%. Sin embargo, el INEC señala que esas diferencias no son estadísticamente significativas.
El desempleo sí presentó una variación estadísticamente significativa: pasó de 4,1% en mayo de 2025 a 3,1% en mayo de 2026, una reducción de un punto porcentual.
En términos absolutos, la PEA alcanzó los 8,94 millones de personas, de las cuales 8,67 millones tenían algún tipo de empleo. De este grupo, aproximadamente 3,27 millones contaban con empleo adecuado y 1,64 millones estaban en subempleo.
Pero detrás de la reducción del desempleo permanece uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral ecuatoriano: la informalidad. En mayo de 2026, el 52,8% de las personas ocupadas estaba en el sector informal.
La pobreza tiene un retraso aún mayor
La situación es todavía más prolongada en el caso de la pobreza. La última medición oficial disponible corresponde a diciembre de 2025.
En ese momento, la pobreza por ingresos alcanzaba al 21,4% de la población, mientras que la pobreza extrema se ubicaba en 8,3%.
La diferencia territorial también era considerable. La pobreza afectaba al 13,8% de la población urbana, frente al 37,6% en las zonas rurales, una brecha cercana a 24 puntos porcentuales.
Esta información resulta fundamental para determinar dónde se concentran las mayores necesidades y qué grupos de población están mejorando o empeorando sus condiciones económicas.
¿Por qué importa tener estadísticas actualizadas?
El retraso no significa que Ecuador se haya quedado sin estadísticas. El INEC continúa produciendo otros indicadores. El problema está en que algunos de los datos fundamentales para conocer la situación económica y social de los hogares no están llegando con la periodicidad prevista.
Para los analistas consultados por Gestión, esto puede afectar directamente la calidad de las decisiones públicas.
Una política social, por ejemplo, necesita conocer con cierta precisión cuántas personas están en situación de pobreza, dónde viven, cuáles son sus ingresos y cómo están evolucionando sus condiciones de vida.
Sin esos datos, existe el riesgo de que los recursos públicos se asignen utilizando diagnósticos que ya no representan completamente la realidad.
Menos desempleo no necesariamente significa mejores empleos
Otro riesgo es interpretar de manera aislada indicadores como la tasa de desempleo.
Una persona puede dejar de ser considerada desempleada porque consiguió un trabajo, pero ese empleo puede ser informal, de pocas horas o generar ingresos insuficientes.
Por eso, una reducción del desempleo no necesariamente significa que haya mejorado la calidad del mercado laboral.
El análisis de Gestión plantea como ejemplo una eventual política destinada a fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El Gobierno podría plantearse como meta reducir el desempleo esperando que más personas trabajando se traduzcan en más afiliados y aportantes.
Sin embargo, si quienes encuentran trabajo pasan a actividades informales o por cuenta propia, el desempleo puede disminuir sin que aumente necesariamente la afiliación al sistema.
El impacto también alcanza a empresas y universidades
La ausencia de información actualizada no afecta únicamente al Gobierno.
Las empresas utilizan estadísticas de empleo, ingresos y pobreza para evaluar mercados y tomar decisiones de inversión. Las universidades y centros de investigación requieren series consistentes para estudiar la evolución económica y social del país.
También los organismos internacionales necesitan información confiable para construir diagnósticos y evaluar programas.
Y existe un componente democrático: la ciudadanía necesita datos oficiales para contrastar los resultados de las políticas públicas con las metas planteadas por las autoridades.
Sin estadísticas oportunas, esa capacidad de evaluación se reduce.
El costo de largo plazo: tomar decisiones sobre una realidad antigua
El principal riesgo aparece si los retrasos se vuelven recurrentes.
Una política pública normalmente atraviesa tres etapas: planificación, ejecución y evaluación. En todas ellas se necesitan datos.
Primero, para determinar cuál es la magnitud real de un problema. Luego, para identificar a quiénes debe beneficiar una intervención. Finalmente, para comprobar si la política realmente produjo cambios.
Si las estadísticas llegan tarde, un Gobierno puede terminar evaluando una realidad que ya cambió.
Esto puede generar políticas con objetivos mal calibrados, recursos destinados a territorios que ya no concentran las mayores necesidades o programas que cumplen con indicadores administrativos pero no necesariamente solucionan el problema que buscaban atender.
¿Qué alternativas existen?
Ante retrasos excepcionales, una posibilidad planteada por los expertos es publicar estimaciones o reportes preliminares, siempre que estén claramente identificados como tales y acompañados de una metodología que permita conocer cómo fueron calculados.
También pueden utilizarse datos provenientes de gremios empresariales, organizaciones sociales, universidades y otras instituciones como fuentes complementarias.
Sin embargo, estos insumos no reemplazan a las estadísticas oficiales.
La importancia de la información estadística radica precisamente en que debe constituir una base común para que Gobierno, empresas, academia y ciudadanía puedan analizar la misma realidad.
Un problema que va más allá de una cifra
El retraso en las estadísticas de empleo y pobreza no es solamente un problema técnico o administrativo. Puede afectar la calidad de las políticas públicas, la asignación de recursos, la lucha contra la desigualdad y la rendición de cuentas.
Ecuador sabe que en mayo de 2026 el desempleo era de 3,1% y que más de la mitad de los trabajadores estaban en la informalidad. También sabe que la pobreza cerró 2025 en 21,4%.
Pero mientras no aparezcan nuevas mediciones, el país seguirá tomando decisiones sobre una fotografía que, con cada mes que pasa, representa menos la realidad que viven los hogares ecuatorianos.
