Nueve operaciones ejecutadas en ocho provincias permitieron desarticular presuntas redes dedicadas al secuestro y la extorsión. La Policía asegura que se evitó el pago de USD 137.000.
La Policía Nacional ejecutó nueve operativos contra el secuestro y la extorsión en ocho provincias de Ecuador, que dejaron como resultado 30 personas detenidas y tres víctimas liberadas, informó el Ministerio del Interior.
Las intervenciones fueron desarrolladas por la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Dinae) y se concentraron en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, El Oro, Guayas, Sucumbíos, Pichincha y Cotopaxi. Según las autoridades, las acciones permitieron evitar el pago de aproximadamente USD 137.000 que habría sido exigido a víctimas y familiares.
Tres víctimas fueron rescatadas
Uno de los procedimientos se realizó en Guayaquil, donde agentes de la Dinae localizaron y liberaron a un comerciante que había sido secuestrado. Sus captores presuntamente exigían USD 20.000 a cambio de su libertad.
La intervención, denominada operación Libertad S-1027, permitió además ubicar a cuatro sospechosos. Durante el procedimiento se encontraron cinco teléfonos celulares y un vehículo, que fueron incorporados como indicios.
Otro rescate ocurrió en Shushufindi, Sucumbíos. En este caso, los investigadores localizaron a una persona que había sido secuestrada y por cuya liberación se exigían USD 5.000.
Un tercer caso estuvo relacionado con un secuestro registrado en Quinsaloma, Los Ríos. Las investigaciones llevaron a desplegar operaciones en Pichincha, Cotopaxi y Los Ríos para localizar a la víctima y detener a cinco presuntos responsables, quienes habrían exigido USD 30.000.
En este procedimiento se retuvieron una motocicleta y cinco teléfonos celulares. La operación contó con la participación de agentes de la Dinae y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Extorsiones con exigencias de hasta USD 50.000
Las investigaciones también permitieron avanzar en casos de secuestro extorsivo ocurridos en meses anteriores.
En Quevedo, la Dinae detuvo a un hombre señalado como presunto participante en un secuestro extorsivo ocurrido en octubre de 2025. Los familiares de la víctima habrían recibido amenazas y una exigencia de USD 50.000 para conseguir su liberación.
Durante esa intervención se incautaron tres teléfonos celulares y un arma de fuego.
En Santo Domingo, dos mujeres fueron detenidas por su presunta vinculación con la extorsión a un comerciante. Los agentes retuvieron dos teléfonos celulares y cuatro comprobantes de pago que forman parte de la investigación.
Operativos también llegaron a Guayas y Esmeraldas
En Esmeraldas se ejecutó otra intervención contra una estructura que presuntamente exigía USD 2.000 a un agricultor bajo amenazas contra él y su familia. Seis personas fueron detenidas y se decomisaron cinco teléfonos celulares.
En otro procedimiento realizado en la misma provincia, dos sospechosos fueron detenidos por una presunta exigencia de USD 5.000 a un comerciante. Los agentes encontraron cuatro teléfonos móviles, un arma de fuego y panfletos que serían utilizados para las amenazas.
Mientras tanto, en Guayaquil, Samborondón y Daule, cuatro presuntos extorsionadores fueron aprehendidos. Según la investigación policial, habrían exigido USD 20.000 a comerciantes a cambio de no atentar contra sus vidas, trabajadores y clientes.
En este operativo fueron decomisados cinco teléfonos, tres vehículos y dinero en efectivo.
La Dinae concentra la lucha contra secuestros y extorsiones
Estos operativos se producen pocos días después de la entrada en funcionamiento de la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Dinae), nueva unidad especializada de la Policía Nacional que reemplazó a la antigua Unase.
La Dinae inició sus operaciones el 2 de septiembre de 2026 con el objetivo de fortalecer las investigaciones, negociación y coordinación de operativos frente a los delitos de secuestro y extorsión.
Las personas detenidas en los recientes procedimientos quedaron a disposición de las autoridades competentes. Su situación jurídica deberá definirse en los respectivos procesos judiciales, mientras continúan las investigaciones para determinar su presunta participación en los delitos.
