La Corte Nacional rechazó el recurso de casación presentado por Diana V. y Luis P., condenados a 34 años y ocho meses por el crimen del coronel en servicio pasivo Héctor Estrella.
El asesinato del coronel en servicio pasivo Héctor Estrella vuelve a la actualidad judicial 11 años después del crimen. Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por Diana V. y Luis P., con lo que ambos agotaron las vías legales para intentar revertir la sentencia de 34 años y ocho meses de prisión.
El crimen ocurrió el 27 de abril de 2015. Los restos óseos del oficial fueron encontrados más de un año después, en junio de 2016, en la parroquia de Nono, Quito, luego de que uno de los implicados confesara el lugar donde había sido ocultado el cuerpo.
Un crimen planificado
De acuerdo con el expediente judicial citado por Ecuavisa, el asesinato fue planificado por Diana V., esposa de Estrella; Luis P., quien mantenía una relación sentimental con ella; y Edgar C.
La víctima tenía 71 años cuando fue asesinada. Según la reconstrucción establecida por el Tribunal Penal, Estrella fue llevado hasta la vía a Nono bajo el pretexto de realizar una actividad relacionada con unas truchas.
En una zona aislada, Edgar C. lo habría atacado. Los documentos judiciales establecieron que el oficial fue golpeado, rociado con un líquido inflamable y posteriormente quemado cuando todavía estaba con vida.
La autopsia permitió determinar cómo murió
Debido al estado en que fueron encontrados los restos, los investigadores tuvieron que recurrir a análisis forenses especializados para establecer la causa de muerte.
Los peritos no encontraron fracturas en el cráneo ni lesiones previas a la muerte. Sin embargo, detectaron alteraciones en el cartílago del cuello compatibles con un proceso de incineración.
El informe concluyó que Héctor Estrella murió por asfixia e incineración y que el fuego fue provocado cuando aún estaba vivo.
El seguro de vida, uno de los elementos centrales del caso
Uno de los principales elementos establecidos durante el proceso judicial fue el supuesto interés económico detrás del crimen.
Según el expediente, el asesinato habría sido motivado por el cobro de un seguro de vida de USD 120.000, además del interés por conservar los bienes de la pareja.
Las investigaciones también determinaron que Diana V. habría intentado construir una coartada después de la desaparición de su esposo.
La mujer denunció que Héctor había viajado a Tulcán y posteriormente afirmó haber recibido llamadas amenazantes desde Colombia. También simuló haber sido atacada y amarrada en su domicilio.
Las llamadas telefónicas ayudaron a desmontar la coartada
El análisis de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos se convirtió en una de las piezas importantes de la investigación.
Diana V. afirmó que había llamado en numerosas ocasiones a su esposo después de su desaparición. Sin embargo, el análisis telefónico estableció que no realizó esas llamadas, según el expediente citado por Ecuavisa.
Además, la geolocalización ubicó su teléfono en la zona de Nono el 28 de abril de 2015 y posteriormente en el norte de Quito.
¿Quiénes fueron sentenciados?
Los tres implicados fueron procesados por asesinato y declarados culpables en 2018.
- Diana V.: 34 años y ocho meses de prisión.
- Luis P.: 34 años y ocho meses de prisión.
- Edgar C.: 17 años de prisión.
Además de las penas de cárcel, la sentencia estableció una multa de 1.000 salarios básicos y una reparación integral de USD 8.000 para la familia de la víctima.
Diana V. y Luis P. apelaron la sentencia, pero sus recursos fueron rechazados. Posteriormente presentaron un recurso de casación, que también fue negado.
Con la reciente decisión de la Corte Nacional, ambos agotaron las posibilidades de impugnar su condena por esta vía.
Un caso que permaneció abierto durante años
El asesinato de Héctor Estrella quedó marcado por la desaparición del oficial, la búsqueda de sus restos durante más de un año y una investigación que permitió reconstruir el crimen mediante testimonios, análisis telefónicos y pericias forenses.
La ubicación de los restos en Nono y la confesión de uno de los involucrados fueron determinantes para avanzar en el proceso judicial.
