El Pleno aprobó con 80 votos el informe de fiscalización sobre los contratos de Celec con Progen Industries y Austral Technical Management. El documento no establece responsabilidades políticas contra autoridades, mientras los organismos de control y la Fiscalía mantienen abiertas otras investigaciones sobre los procesos.
El caso de los contratos de generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024 tuvo este domingo un nuevo capítulo en la Asamblea Nacional. Con 80 votos a favor, el Pleno aprobó el informe de fiscalización elaborado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana sobre los contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM).
La decisión llega más de ocho meses después de que la comisión legislativa aprobara el documento, en diciembre de 2025. El informe fue finalmente llevado al Pleno en una sesión virtual convocada para este 30 de agosto.
Pero la aprobación legislativa no significa que el caso haya terminado.
¿Qué resolvió la Asamblea?
El punto central del informe de mayoría es que no encontró actos u omisiones de las autoridades contempladas en el artículo 131 de la Constitución que configuren incumplimientos de funciones susceptibles de generar responsabilidad política.
En otras palabras, la Asamblea no estableció responsabilidad política contra las autoridades relacionadas con estos procesos de contratación.
Esta conclusión generó críticas desde la bancada de Revolución Ciudadana, que cuestionó que el documento no atribuyera responsabilidades políticas a los funcionarios vinculados con las contrataciones.
La aprobación, sin embargo, no elimina las responsabilidades que puedan determinarse por otras vías.
Dos empresas, tres proyectos y una crisis eléctrica
Los contratos investigados se originaron durante la emergencia del sector eléctrico que atravesó Ecuador en 2024.
En el caso de Progen, Celec suscribió dos contratos en agosto de ese año para incorporar generación termoeléctrica en Salitral, Guayaquil, y Quevedo, Los Ríos.
El monto conjunto fue de aproximadamente USD 149,1 millones, a cambio de una capacidad prevista de 150 megavatios: 100 MW para Salitral y 50 MW para Quevedo. Los equipos debían comenzar a operar en noviembre de 2024, pero los cronogramas no se cumplieron y Celec posteriormente inició acciones para terminar los contratos.
El tercer proceso corresponde a Austral Technical Management, empresa contratada para instalar generación termoeléctrica terrestre en Esmeraldas.
Ese contrato fue firmado por alrededor de USD 89,93 millones y contemplaba una capacidad de generación de 91 MW.
Los tres proyectos fueron concebidos como parte de la respuesta urgente del Estado ante la crisis eléctrica que provocó prolongados cortes de energía en Ecuador.
El informe legislativo no borra los hallazgos de Contraloría
Aquí está una de las claves para entender qué significa la votación de este domingo.
La fiscalización de la Asamblea incorporó información de los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado sobre los procesos de contratación, ejecución y pagos.
En 2025, la Contraloría había reportado hallazgos relacionados con los contratos de Progen y Austral, incluyendo indicios de responsabilidad penal y responsabilidades civiles. La información entregada a la Asamblea involucraba alrededor de USD 122 millones en posibles responsabilidades.
Más recientemente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió información adicional de Contraloría sobre la ruta de los fondos de Progen.
Según lo expuesto por el organismo de control, en los procesos examinados se detectaron problemas como invitaciones a un único oferente sin verificar adecuadamente su capacidad técnica, mecanismos de pago que exceptuaron determinadas garantías y desembolsos realizados sin comprobar el estado de las unidades de generación contratadas.
Estos elementos corresponden a investigaciones y procesos de control diferentes a la determinación de responsabilidad política que analizó el informe aprobado este domingo.
El caso Progen también está en manos de la Fiscalía
La dimensión judicial tampoco desaparece con la decisión de la Asamblea.
La Fiscalía investiga el denominado caso Apagón, relacionado con posibles irregularidades en los contratos de Progen y un presunto delito de peculado. Paralelamente, el Estado ecuatoriano ha llevado acciones contra la empresa en el ámbito internacional.
La propia Comisión de Transparencia había recomendado que los organismos competentes continuaran con las investigaciones y determinaran, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes.
Esto significa que la resolución legislativa y las investigaciones judiciales tienen alcances diferentes.
La Asamblea analiza la eventual responsabilidad política de funcionarios. La Contraloría determina responsabilidades derivadas de sus competencias de control y remite indicios cuando corresponde. La Fiscalía, por su parte, investiga posibles delitos.
¿Qué pasa con ATM?
El contrato con Austral Technical Management también continúa generando interrogantes.
La empresa fue contratada para instalar generación térmica en Esmeraldas por cerca de USD 90 millones. El proyecto enfrentó problemas relacionados con los plazos y posteriormente Celec avanzó hacia la terminación del contrato.
En julio de 2026 se reportó que Celec había recuperado la vía para avanzar con la terminación unilateral del contrato, aunque esta todavía no constaba registrada en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública.
El informe legislativo incorpora precisamente el examen de Contraloría sobre este proceso y sus fases precontractual, contractual, de ejecución y pagos.
Una decisión política, no el punto final del caso
La votación de este domingo tiene una consecuencia concreta: la Asamblea aprobó el informe de mayoría y no estableció responsabilidad política bajo el mecanismo analizado por la Comisión de Transparencia.
Pero eso no equivale a declarar que los procesos de contratación fueron correctos ni significa que hayan concluido las investigaciones.
Los hallazgos de Contraloría, las investigaciones de la Fiscalía y las acciones relacionadas con los contratos continúan por sus respectivas vías.
El caso Progen y ATM es, además, una muestra de los problemas que puede generar la contratación de emergencia cuando el Estado necesita incorporar generación eléctrica con rapidez.
La crisis de 2024 exigía respuestas inmediatas. El desafío posterior es determinar si esa urgencia estuvo acompañada por controles suficientes, procesos adecuados y garantías capaces de proteger los recursos públicos.
Por ahora, la Asamblea cerró una etapa de fiscalización política. Las demás preguntas sobre los contratos todavía deberán ser respondidas por las instituciones que tienen competencia para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
