Una nueva directriz del Ministerio de Educación limita el acompañamiento de familiares dentro de los salones. Las familias que necesiten un profesional especializado deberán asumir costos que pueden superar los USD 800 mensuales.
Para muchas familias ecuatorianas, acompañar a un niño con autismo durante la jornada escolar se ha convertido en una tarea que combina cuidado, educación y un importante esfuerzo económico. Una nueva directriz del Ministerio de Educación modifica ahora las condiciones para el ingreso de familiares y profesionales que cumplen el papel conocido como ‘maestra sombra’.
La normativa establece que los familiares ya no podrán permanecer dentro del aula para intervenir directamente en los procesos pedagógicos. Su participación queda limitada a la figura de “apoyo funcional”, relacionada con actividades de cuidado, como ayudar al estudiante a vestirse, ir al baño o atender otras necesidades básicas.
El cambio afecta especialmente a madres y padres que, ante la imposibilidad de pagar un profesional especializado, habían asumido personalmente el acompañamiento de sus hijos durante las clases.
El costo de una ‘maestra sombra’
Elena Sosa, madre de dos niños de 6 y 13 años con autismo grado 3, es uno de los casos expuestos. Durante años acompañó a sus hijos en las instituciones educativas porque no podía asumir el costo de contratar profesionales.
Ahora, según relata, deberá buscar otras alternativas. El costo de una maestra sombra puede superar los USD 800 mensuales, una cifra que se suma a los gastos de alimentación, atención médica, terapias y otros cuidados que requieren sus hijos.
Otra madre, Jessica Gómez, también dejó de trabajar para poder acompañar a su hijo dentro del aula. Desde hace aproximadamente un año y medio ingresaba con él a clases para ayudarlo con sus actividades, pero con las nuevas disposiciones esa posibilidad queda restringida.
Tres tipos de acompañamiento
Las nuevas directrices establecen tres figuras para el apoyo externo: docente de apoyo externo, acompañante terapéutico externo y persona de cuidado o apoyo funcional.
Los dos primeros perfiles corresponden a profesionales relacionados con áreas como educación, psicopedagogía, psicología, terapia del lenguaje y neuropsicología, entre otras especialidades.
La tercera categoría contempla a auxiliares de enfermería, cuidadores certificados, técnicos en atención a personas con discapacidad y familiares que hayan recibido capacitación para brindar los cuidados necesarios.
Sin embargo, quienes cumplen funciones de cuidado no pueden intervenir en procesos pedagógicos, evaluaciones o decisiones educativas dentro del aula.
Familias cuestionan las nuevas reglas
Organizaciones que trabajan con familias de personas con autismo han expresado preocupación por el impacto que estas disposiciones pueden tener en hogares con menos recursos económicos.
Cynthia Andino, presidenta de la Fundación Aleluya, sostiene que el Estado debe garantizar los apoyos educativos especializados que requieren los estudiantes con discapacidad. La organización recuerda que la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece la obligación de implementar estrategias y recursos para una educación inclusiva.
El Ministerio de Educación, por su parte, señala que la presencia de un profesional externo no puede convertirse en un requisito para acceder, permanecer, ser promovido o culminar los estudios dentro del sistema educativo.
No obstante, las familias cuestionan cómo se garantizará en la práctica una educación adecuada para los niños que, por recomendación de especialistas, necesitan acompañamiento individualizado.
Un desafío que va más allá del aula
El debate sobre las ‘maestras sombra’ evidencia una problemática más amplia: el acceso desigual a servicios de diagnóstico, terapias y educación especializada para niños con autismo.
En Ecuador, algunas familias aseguran haber enfrentado dificultades para conseguir cupos en instituciones educativas. En determinados casos, los padres han tenido que recorrer varios colegios antes de encontrar un establecimiento dispuesto a recibir a sus hijos con los apoyos que necesitan.
Para las familias, el desafío ahora será encontrar un equilibrio entre las nuevas reglas del sistema educativo y las necesidades individuales de cada estudiante.
La discusión también plantea una pregunta de fondo: ¿quién debe asumir el costo de los apoyos que necesita un niño con autismo para ejercer plenamente su derecho a la educación?
