El informe advierte que los procesos de validación e imputación de datos modificaron indicadores relacionados con empleo, desempleo, vivienda y condiciones socioeconómicas.
Una consultoría internacional contratada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a pedido del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), identificó posibles distorsiones en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022 de Ecuador.
El estudio, entregado al INEC en mayo de 2025, evaluó los procesos de validación, consistencia, edición e imputación utilizados para completar o corregir información del censo. Según el documento, aproximadamente 10% de la información fue sometida a algún proceso de imputación, un nivel que, de acuerdo con recomendaciones metodológicas de Naciones Unidas, puede llegar a modificar patrones demográficos y socioeconómicos cuando es elevado.
El mercado laboral también habría sido afectado
Uno de los principales hallazgos está relacionado con los indicadores laborales. La consultoría comparó una base con correcciones iniciales frente a los resultados finales del censo y encontró cambios que apuntan a una aparente mejora de las condiciones laborales.
Entre las variaciones identificadas se encuentra un incremento de 8,8% en la tasa de empleo y una reducción de 13,8% en la tasa de desempleo. También se registró un aumento de 18,8% en la proporción de personas ocupadas que aportan a la seguridad social y una disminución de 14,5% entre quienes no realizan aportes.
El informe también señala modificaciones en otros segmentos: el empleo privado habría aumentado 5,1%, mientras que el empleo estatal registró un incremento de 13,1%. A la vez, el trabajo por cuenta propia disminuyó 10,3% en los resultados analizados.
Estos cambios son relevantes porque el censo constituye una de las principales fuentes de información para conocer las características demográficas y socioeconómicas de la población ecuatoriana.
¿También existen cambios en los datos de vivienda?
La consultoría concluyó que el proceso de validación también produjo modificaciones en los indicadores relacionados con las condiciones habitacionales.
El documento señala una reducción en algunos indicadores de precariedad y mejoras en variables relacionadas con los materiales de construcción, acceso a servicios básicos, saneamiento, manejo de residuos y número de hogares por vivienda. El Comité de Evaluación Censal habría identificado además una tendencia hacia categorías consideradas más favorables en determinadas características de las viviendas y bienes de los hogares.
¿Qué ocurre con las cifras de empleo y pobreza?
El debate adquiere mayor relevancia porque los resultados del Censo 2022 sirven como referencia para construir el marco muestral de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), una de las principales herramientas del país para medir el mercado laboral, la pobreza y otros indicadores sociales.
Según el informe, sin embargo, el INEC todavía utiliza como base del marco muestral de la Enemdu los resultados del Censo 2010. El exdirector del instituto, Roberto Castillo, aseguró que ya existe un nuevo marco basado en el Censo 2022 y que se realizó un proceso de empalme para garantizar la comparabilidad de los indicadores.
El retraso en la publicación de algunos resultados recientes de la Enemdu también ha generado interrogantes. El INEC debía difundir en julio los datos correspondientes a junio, incluidos los indicadores laborales y de pobreza, pero esas publicaciones no se realizaron en las fechas previstas en el calendario estadístico.
INEC aún no responde sobre el informe
La consultoría no plantea que deba repetirse el Censo 2022. De hecho, Roberto Castillo, quien dirigió el INEC durante el desarrollo del proceso censal, sostuvo que las observaciones corresponden a aspectos que ya habían sido revisados y cuestionó que el informe sea utilizado para generar dudas sobre la totalidad del censo.
Hasta el cierre de la información publicada, el INEC no había respondido a las consultas relacionadas con las conclusiones de la consultoría de Naciones Unidas ni sobre el retraso en la difusión de los indicadores de empleo y pobreza.
El caso abre un debate sobre la calidad, metodología y comparabilidad de las estadísticas oficiales, especialmente porque estos datos sirven para diseñar políticas públicas, distribuir recursos y evaluar la situación económica y social del Ecuador.
