María Elena Rodríguez / Para Notimercio
El 28 de mayo de 2024, en un acto de determinación y lucha ciudadana, se presentó una acción de protección inédita: por primera vez en la historia de Quito, un río —el Machángara— fue llevado a los tribunales como sujeto de derechos.
El pueblo Kitu Kara, el Cabildo Cívico de Quito, colectivos y organizaciones sociales, investigadores y académicos expertos evidenciaron cómo se deterioró nuestro río por décadas de descargas residuales e industriales que, sumadas al abandono municipal, habían convertido al principal río de la capital en una alcantarilla y desaguadero urbano, vulnerando tanto los derechos de la naturaleza como los de 2.7 millones de quiteños a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
¿Por qué la ciudad no tiene derecho a contar con un río que la vuelva más viva y sana? El 14 de junio de 2024 se realizó la audiencia histórica en el Complejo Judicial Norte. Los accionantes llevaron aguas del Machángara en un enorme frasco a la audiencia. Testimonios de expertos, universidades y comunidades demostraron que apenas el 1% de las aguas residuales que recibe el Machángara son tratadas y que en ciertos tramos el oxígeno disuelto llega apenas al 2%, cifras que evidencian un río moribundo.
El 21 de agosto de 2024, el Tribunal de Garantías Penales de Quito emitió una sentencia trascendental: reconoció al Machángara como sujeto de derechos y ordenó su reparación integral. La resolución responsabilizó al Municipio de Quito por omisiones históricas en el tratamiento de aguas residuales y en el control de descargas y dispuso 27 medidas de corto, mediano y largo plazo: desde identificar focos de contaminación y fortalecer controles hasta desarrollar planes de restauración y promover la educación ambiental sobre el agua. Todo se realizó en coordinación con la sociedad civil.
La sentencia también creó la figura de las Guardianas del Río Machángara, instancia ciudadana encargada de vigilar su cumplimiento, conformada por organizaciones sociales, colectivos y la Defensoría del Pueblo. En mayo de 2025 se alcanzó un acuerdo parcial en 14 medidas iniciales, que incluyen diagnósticos, intervenciones puntuales y acciones educativas. Sin embargo, temas cruciales como el control a contaminadores directos y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales siguen pendientes.
Las organizaciones han recalcado la necesidad de mayor voluntad política, planificación integral y definición de indicadores claros para garantizar avances reales. En septiembre de 2025 la Corte Provincial de Pichincha ratificó su sentencia, confirmando la obligación de reparar integralmente al río y cumplir con las 27 medidas, entre ellas estudios de contaminación, control de descargas, recuperación de riberas y proyectos basados en la naturaleza.
El caso del Río Machángara ya es un precedente histórico: no solo reconoce derechos a un río urbano profundamente degradado, sino que compromete al Municipio y a la sociedad a transformar su relación con el agua. El futuro de Quito está ligado al cumplimiento de esta sentencia: la ciudad tendrá que decidir si sigue ignorando su río o lo convierte en su símbolo de dignidad y sostenibilidad.
