La renovación dispuesta por Daniel Noboa se extenderá durante 30 días, hasta el 14 de diciembre. Aunque no habrá restricciones generales de circulación, continúan suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, junto con los operativos conjuntos de policías y militares.
Ocho provincias de Ecuador comienzan este domingo 15 de noviembre un nuevo período de estado de excepción, después de que el presidente Daniel Noboa dispusiera su renovación por 30 días adicionales. La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 532, mantiene facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad, aunque esta vez no contempla un toque de queda.
La prórroga comprende a Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, territorios donde el Gobierno considera que persisten las condiciones de violencia e inseguridad que motivaron la declaratoria inicial del 15 de septiembre.
El nuevo período se extenderá hasta el 14 de diciembre de 2026. Durante ese tiempo, policías y militares podrán continuar ejecutando operativos conjuntos contra organizaciones delictivas, bajo las condiciones establecidas por la Constitución, la legislación vigente y los pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Sin toque de queda, pero con otras restricciones vigentes
Una de las principales diferencias respecto del período anterior es que el Decreto 532 no establece una nueva suspensión de la libertad de tránsito. Esto significa que la renovación del estado de excepción no impone horarios generales que prohíban circular durante la noche.
Sin embargo, la ausencia de un toque de queda no implica el levantamiento de todas las medidas extraordinarias.
El documento mantiene la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. En determinadas circunstancias vinculadas con las operaciones de seguridad, estas disposiciones permiten realizar intervenciones domiciliarias sin una orden judicial previa, así como acceder, retener o examinar comunicaciones físicas y digitales, dentro de los límites legales y constitucionales aplicables.
La medida mantiene, además, la intervención coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la posibilidad de efectuar requisiciones temporales de bienes y servicios de origen lícito cuando resulten indispensables para las operaciones.
Estas requisiciones deben responder a necesidades concretas, estar debidamente justificadas y cumplir los procedimientos de documentación, devolución e indemnización que correspondan.
El decreto establece que las actuaciones excepcionales deben limitarse a los hechos que motivaron la declaratoria. Por tanto, la suspensión temporal de determinados derechos no constituye una autorización ilimitada para intervenir domicilios, examinar comunicaciones o disponer de bienes particulares.
Las cifras de violencia que sustentan la renovación
El Gobierno fundamenta la extensión del estado de excepción en informes de organismos de seguridad que advierten sobre la persistencia de estructuras criminales y hechos violentos en las provincias intervenidas.
Entre el 14 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, los reportes policiales citados en el decreto contabilizaron 322 homicidios intencionales en las jurisdicciones analizadas. De ellos, 144 ocurrieron en Guayas, provincia que concentró aproximadamente el 44,7 % del total registrado durante ese período.
La documentación incluye, además, 33 hechos de homicidios múltiples que dejaron 81 víctimas, un indicador de la gravedad que alcanzaron determinados episodios de violencia.
A estos antecedentes se suman reportes sobre ataques armados, amenazas y actividades relacionadas con organizaciones delictivas, que el Ejecutivo utiliza para justificar la continuidad de las operaciones extraordinarias.
Las cifras reflejan la persistencia del problema de seguridad, aunque no permiten establecer por sí solas qué resultados han producido los estados de excepción anteriores ni cuánto han contribuido a contener la criminalidad.
Las medidas deberán respetar la actividad electoral
La renovación coincide con el desarrollo de la campaña para las elecciones seccionales de 2026, previstas para el 29 de noviembre.
Ante esta circunstancia, el Decreto 532 dispone expresamente que las operaciones excepcionales no podrán impedir ni obstaculizar injustificadamente las actividades de campaña, el funcionamiento de los organismos electorales o el ejercicio de los derechos políticos de candidaturas, organizaciones y ciudadanos.
La disposición responde a los límites establecidos por la Corte Constitucional, que ha señalado la necesidad de garantizar que las medidas extraordinarias se utilicen exclusivamente para enfrentar las circunstancias de seguridad que justificaron su adopción.
El decreto también exige coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para evitar interferencias con la atención de emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.
Con esta renovación, el Gobierno mantiene durante otros 30 días una estrategia de intervención extraordinaria frente a la violencia criminal. La medida comenzará a aplicarse sin una nueva restricción general de movilidad, pero conservará facultades excepcionales que afectan derechos constitucionales específicos.
La evolución de los indicadores de seguridad y los resultados de las operaciones serán elementos fundamentales para evaluar si esta nueva extensión contribuye a enfrentar las condiciones que llevaron a su declaratoria.
