La Comisión de Gobiernos Autónomos investiga a 245 autoridades seccionales por presuntos incrementos patrimoniales injustificados. Su presidente anunció una denuncia ante la Fiscalía por llamadas en las que se habría ofrecido retirar a funcionarios del proceso.
Una nueva denuncia surgió mientras la Asamblea Nacional desarrolla la fiscalización de los patrimonios de alcaldes y prefectos de Ecuador. Según el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Cristian Benavides, algunas autoridades locales habrían recibido llamadas en las que personas no identificadas les ofrecían gestionar su salida del listado de funcionarios sometidos a revisión.
Benavides anunció que llevaría el caso ante la Fiscalía General del Estado este martes 22 de septiembre, para que se determine quiénes realizaron los contactos y si existe algún delito.
¿Qué se habría ofrecido a los alcaldes?
De acuerdo con la información difundida por la Comisión, la alerta surgió después de que un alcalde de Pichincha comunicara haber recibido uno de estos contactos.
La autoridad habría entregado números telefónicos y otros datos que podrían ayudar a identificar a las personas involucradas. Según Benavides, quienes realizaron las llamadas se habrían presentado como “ciudadanos de la Asamblea”, aunque el legislador señaló que, de acuerdo con la información disponible, no serían funcionarios del Legislativo.
La existencia de estas llamadas y las responsabilidades que pudieran derivarse deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Asamblea revisa el patrimonio de 245 autoridades
La denuncia ocurre en paralelo a una investigación legislativa que analiza posibles incrementos patrimoniales que requieren explicación en las declaraciones de autoridades seccionales.
El proceso comprende a 221 alcaldes y alcaldesas y 24 prefectos y prefectas, es decir, 245 autoridades de elección popular. La Asamblea dispuso esta fiscalización el 23 de junio de 2026.
La Comisión recopila y contrasta información patrimonial y financiera proveniente de distintas instituciones, entre ellas la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
El objetivo es contar con información suficiente para establecer si las variaciones detectadas tienen una explicación sustentada en ingresos, bienes, actividades económicas u otras fuentes declaradas.
El Pleno amplió el plazo de investigación
Este mismo 22 de septiembre, el Pleno de la Asamblea aprobó con 82 votos una ampliación de 10 días para que la Comisión de Gobiernos Autónomos concluya su informe.
Benavides explicó que la comisión ha debido sistematizar información proveniente de diferentes instituciones y actualizar datos antes de presentar sus conclusiones.
La investigación comenzó con un plazo inicial de 90 días y contempla el análisis de documentación, solicitudes de información y comparecencias.
¿Qué pasará con los resultados?
La Comisión deberá entregar un informe con los resultados de la fiscalización. La revisión legislativa no determina por sí misma responsabilidades penales; si durante el proceso aparecen elementos que ameriten una investigación de otras autoridades, la información podría ser remitida a las instituciones correspondientes.
Mientras tanto, la denuncia anunciada por Benavides deberá ser analizada por la Fiscalía, que tendrá que establecer si existieron llamadas, quiénes estuvieron detrás de ellas y si los hechos configuran algún delito.
