El Ministerio del Interior estima que al menos 41.000 personas estarían vinculadas a organizaciones criminales en Ecuador, aunque proyecciones recientes del Gobierno elevan la cifra hasta unas 80.000. La violencia genera pérdidas de entre USD 10.000 y USD 12.000 millones al año.
Ecuador enfrenta una estructura criminal cuya dimensión ya rivaliza con la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Según información del Ministerio del Interior recogida para el análisis de la Ley Antimafias, hasta 2025 se identificaron al menos 41.000 integrantes de organizaciones armadas y delincuenciales que operan en el país. Sin embargo, estimaciones recientes del Gobierno señalan que la cifra podría haberse duplicado y llegar a cerca de 80.000 personas.
El dato forma parte de los insumos analizados por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para el proyecto de Ley Antimafias, que busca fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar las estructuras criminales, sus fuentes de financiamiento y su control territorial. La propuesta ya pasó el primer debate y espera el segundo y definitivo tratamiento en el Pleno.
El crimen organizado representa hasta el 10% del PIB
La dimensión de estas organizaciones también tiene un fuerte impacto económico. De acuerdo con datos de la Academia de Ciencias Policiales de la Policía Nacional, las actividades relacionadas con la violencia y las economías criminales generan una afectación de entre USD 10.000 y USD 12.000 millones anuales, equivalente a aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano.
Esta estimación supera ampliamente el cálculo regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ubica en alrededor del 4% del PIB anual el impacto de la delincuencia organizada en los países de América Latina.
¿Qué grupos operan en Ecuador?
Los informes de inteligencia citados por Primicias identifican entre las principales estructuras a Los Lobos, Los Tiguerones, Los Choneros, Las Águilas, Chone Killers, Mafia 18-Tiburones, Lagartos, Latin King, Gánster y Comandos de Frontera.
Estas organizaciones también mantienen conexiones con redes criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de organizaciones europeas como la ‘Ndrangheta y redes balcánicas.
Las Fuerzas Armadas estiman que Los Lobos y su principal brazo armado reúnen unos 11.000 integrantes, mientras que Los Choneros y grupos asociados alcanzarían alrededor de 12.000 miembros.
Narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos
El narcotráfico continúa siendo la principal fuente de financiamiento de estas estructuras. Solo durante el primer semestre de 2026, las operaciones de interdicción policial generaron afectaciones estimadas en USD 1.800 millones a las economías vinculadas al tráfico de drogas.
Otra de las actividades de mayor rentabilidad es la minería ilegal, que según información presentada ante la Asamblea genera cerca de USD 1.300 millones anuales y también puede utilizarse para lavar dinero procedente del narcotráfico.
A esto se suman el robo de combustibles, el contrabando y el lavado de activos. La UAFE detectó en 2025 operaciones sospechosas por más de USD 1.200 millones, mientras que los reportes señalan que entre 2020 y 2022 el 98,5% de los procesados por delincuencia organizada logró conservar su patrimonio.
¿Qué plantea la Ley Antimafias?
Uno de los principales objetivos del proyecto es cambiar el enfoque de la lucha contra el crimen organizado: pasar de perseguir únicamente a los autores materiales de los delitos a desarticular las estructuras, sus patrimonios, logística, financiamiento y redes de apoyo.
Entre las propuestas consta tipificar la pertenencia a organizaciones criminales y aumentar las penas por delincuencia organizada de 22 a 26 años de prisión. Cuando exista vinculación con narcotráfico y otros delitos graves, las penas podrían llegar de 26 a 30 años.
El proyecto también plantea cambios relacionados con la extinción de dominio, la incautación y venta anticipada de bienes, el combate al lavado de activos y sanciones para quienes colaboren con las estructuras criminales.
La discusión de la Ley Antimafias ocurre mientras Ecuador enfrenta una expansión y fragmentación de las organizaciones delictivas. Un análisis de Acled citado por Primicias identificó al menos 48 estructuras criminales con presencia en el país entre 2025 y 2026, una cifra que evidencia la transformación del mapa del crimen organizado
