El Consejo de la Judicatura resolvió reestructurar el modelo para procesar delitos de corrupción y crimen organizado. La institución asegura que la medida permitirá ampliar de 19 a más de 50 los jueces habilitados para atender estas causas.
El Consejo de la Judicatura (CJ) decidió suprimir las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado y redistribuir sus competencias entre otras unidades penales.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Pleno del organismo, realizada el 7 de septiembre de 2026, en el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial. Según la Judicatura, el cambio responde a informes técnicos, jurídicos y de planificación que identificaron un desequilibrio en la carga de trabajo del sistema.
¿Por qué se eliminaron los juzgados anticorrupción?
De acuerdo con los datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), durante los últimos 12 meses el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes para nueve magistrados.
En contraste, otras dependencias penales ordinarias, como la Corte Provincial de Pichincha, superaron el 100 % de su capacidad operativa.
Con esta redistribución, el Consejo de la Judicatura sostiene que la capacidad para conocer procesos relacionados con corrupción y delincuencia organizada aumentará de 19 a más de 50 jueces a escala nacional.
La Judicatura sostiene que la eliminación de estas dependencias no implica retirar la especialización de los procesos, sino reorganizar las competencias y ampliar el número de jueces que pueden intervenir en este tipo de causas.
¿Qué jueces asumirán los casos?
Las competencias serán distribuidas de acuerdo con la etapa en la que se encuentre cada proceso.
- Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha: conocerá recursos y procesos relacionados con fuero.
- Tribunal de Garantías Penales especializado de Iñaquito: estará a cargo de la etapa de juzgamiento.
- Unidad Judicial de Garantías Penales de Mariscal Sucre: atenderá flagrancias, actos urgentes y medidas cautelares, incluidas solicitudes de inmovilización de cuentas planteadas por la UAFE.
- Unidad Judicial de Garantías Penales especializada de Iñaquito: conocerá los procesos hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
¿Qué pasará con los casos que ya están en trámite?
La Judicatura aclaró que los procesos que ya tienen audiencias instaladas o suspendidas permanecerán bajo responsabilidad de los jueces que fueron previamente asignados.
Es decir, la reestructuración no significa que las causas en curso deban comenzar nuevamente. La institución también anunció que buscará acelerar los procesos de extinción de dominio, con el objetivo de facilitar la recuperación de bienes cuyo origen sea ilícito.
La decisión ocurre en medio de investigaciones a jueces
El Consejo de la Judicatura también relacionó la reestructuración con la necesidad de fortalecer la transparencia e integridad de la Función Judicial.
La institución señaló que varios jueces que formaban parte del anterior esquema especializado han sido involucrados en investigaciones por presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, aseguró que la medida no representa un retroceso en la lucha contra estos delitos, sino una reorganización para mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
Un modelo creado en 2021
Las unidades judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado fueron creadas en noviembre de 2021.
Su objetivo era concentrar en jueces especializados el conocimiento de delitos complejos, como delincuencia organizada, lavado de activos, peculado y otros casos de alto impacto.
Ahora, el Consejo de la Judicatura plantea un modelo con una participación más amplia de jueces y unidades penales.
La reestructuración se produce mientras la Función Judicial permanece bajo una declaratoria de emergencia y enfrenta el desafío de mejorar sus tiempos de respuesta frente a casos de corrupción y estructuras criminales.
