La propuesta fue entregada a la Asamblea y plantea sanciones para el acoso en línea, amenazas, suplantación de identidad, difusión no consentida de contenido íntimo y violencia política digital, incluso cuando se utilice inteligencia artificial.
El Gobierno Nacional presentó este 7 de septiembre de 2026 un proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia digital contra las mujeres en Ecuador.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, entregó la propuesta a la asambleísta Jossebeth Jaramillo, quien deberá impulsar su tratamiento en la Asamblea Nacional. El proyecto fue elaborado con el apoyo de ONU Mujeres Ecuador, mediante la Iniciativa Spotlight 2.0.
La iniciativa busca establecer un marco específico para enfrentar agresiones que ocurren en redes sociales, plataformas digitales y otros espacios virtuales.
¿Qué conductas busca sancionar?
El proyecto reconoce diferentes formas de violencia digital y plantea mecanismos para prevenirlas y sancionarlas.
Entre las conductas contempladas están:
- Acoso en línea.
- Amenazas mediante plataformas digitales.
- Suplantación de identidad.
- Vigilancia tecnológica abusiva.
- Difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
- Violencia política digital contra mujeres.
- Uso no consentido de contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial.
La propuesta parte de la premisa de que las agresiones digitales pueden afectar derechos como la privacidad, dignidad, integridad y participación pública de las mujeres.
La inteligencia artificial entra en el proyecto
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la incorporación de situaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial.
El proyecto plantea sancionar la difusión no consentida de material íntimo, incluyendo contenido que haya sido creado o manipulado mediante herramientas de IA.
Esto adquiere especial importancia ante el crecimiento de tecnologías capaces de generar imágenes, videos y otros contenidos sintéticos que pueden atribuirse falsamente a una persona.
La Asamblea ya ha recibido durante 2026 otras iniciativas relacionadas con violencia digital y contenidos sintéticos generados mediante inteligencia artificial, lo que evidencia que este tema empieza a ocupar un espacio relevante en la discusión legislativa ecuatoriana.
También se plantea protección frente a la violencia política digital
El proyecto incluye una categoría específica para las agresiones dirigidas contra mujeres que participan en la vida pública y política.
La intención es establecer mecanismos de protección frente a ataques digitales que puedan afectar su participación, exposición pública o ejercicio de derechos políticos.
Este componente busca reconocer que las plataformas digitales también pueden convertirse en espacios de violencia que buscan limitar o desalentar la participación de mujeres en asuntos públicos.
Prevención, protección y reparación
La propuesta no se limita al ámbito sancionador.
El proyecto plantea articular mecanismos de:
Prevención → atención → protección → acceso a la justicia → reparación.
La ministra Nataly Morillo destacó durante la presentación la importancia de fortalecer la educación y alfabetización digital desde edades tempranas como una herramienta para reducir riesgos como el ciberacoso.
ONU Mujeres también respaldó la iniciativa. Miriam Bandes, representante de la organización en Ecuador, señaló que la propuesta responde a compromisos internacionales relacionados con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
¿Qué sigue para el proyecto?
La propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional. Su presentación no significa todavía que las nuevas sanciones estén vigentes.
El Legislativo deberá analizar el contenido, debatirlo y, de ser aprobado, continuar con el proceso constitucional para que pueda convertirse en ley.
Mientras tanto, la discusión sobre violencia digital cobra mayor relevancia en Ecuador debido a la aparición de nuevas formas de agresión vinculadas con redes sociales, plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial.
El desafío será establecer mecanismos que permitan proteger a las víctimas y sancionar los abusos sin afectar derechos como la libertad de expresión, además de garantizar procedimientos efectivos para retirar contenido ilícito y reparar los daños ocasionados.
