El proyecto plantea reformas al COIP, la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial. La propuesta busca perseguir a las estructuras criminales, sus recursos y redes de apoyo.
La denominada Ley Antimafias avanzó en la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Seguridad aprobara el informe para primer debate. El proyecto plantea modificaciones a tres cuerpos legales con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado.
El informe, que contiene 21 artículos, fue remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional y se espera que sea conocido por el Pleno en los próximos días. La iniciativa modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Pertenecer a una organización criminal podría ser delito
Uno de los principales cambios busca sancionar penalmente la pertenencia a una organización criminal, sin concentrar la responsabilidad únicamente en quienes ocupan posiciones de liderazgo.
La propuesta considera que las estructuras delictivas requieren diferentes niveles de participación para funcionar: reclutadores, operadores, financistas, transportistas y personas encargadas de proporcionar infraestructura o logística.
El proyecto busca diferenciar las responsabilidades de acuerdo con la función que cada persona cumpla dentro de la estructura criminal.
Reclutamiento y apoyo logístico, bajo la lupa
La iniciativa también plantea perseguir a quienes faciliten el funcionamiento de las organizaciones delictivas.
Entre las conductas analizadas están el reclutamiento de personas con fines delictivos y la utilización o entrega de infraestructura para actividades criminales.
Durante la discusión del proyecto, la Defensoría del Pueblo pidió revisar estas figuras para evitar duplicidades con delitos que ya constan en el COIP y garantizar el respeto al debido proceso.
Más controles sobre delitos relacionados con combustibles
Otro de los ejes está relacionado con el robo, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
La propuesta contempla endurecer las consecuencias cuando estas actividades estén vinculadas con organizaciones criminales y establecer agravantes para determinados casos.
El objetivo es atacar una de las fuentes de financiamiento de las estructuras delictivas y evitar que el comercio ilegal de combustibles continúe alimentando sus operaciones.
Cambios en la prisión preventiva
El proyecto también plantea modificaciones relacionadas con la prisión preventiva para personas procesadas por delitos vinculados con delincuencia organizada.
La propuesta busca que los jueces consideren criterios reforzados para evaluar riesgos procesales y que exista una motivación específica cuando se decida negar esta medida cautelar.
Sin embargo, la prisión preventiva seguiría teniendo carácter cautelar y no podría convertirse en una condena anticipada.
Abogados condenados podrían perder su habilitación
Otro de los cambios está dirigido a profesionales del derecho. La propuesta contempla la inhabilitación para ejercer la abogacía cuando exista una sentencia ejecutoriada por determinados delitos relacionados con delincuencia organizada y corrupción.
Entre las conductas consideradas están lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal, obstrucción de la justicia, testaferrismo y enriquecimiento ilícito.
La medida no se aplicaría simplemente por representar a una persona investigada, sino cuando el abogado haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por alguno de los delitos contemplados.
El Estado podría utilizar bienes incautados
La Ley de Extinción de Dominio también tendría cambios. Una de las propuestas permitiría asignar temporalmente determinados bienes sujetos a medidas cautelares a instituciones públicas o, mediante convenios, a organizaciones privadas sin fines de lucro.
La intención es evitar que inmuebles, vehículos u otros activos pierdan valor mientras permanecen bajo custodia estatal durante largos procesos judiciales. La asignación sería temporal, excepcional y revocable.
La propuesta también busca fortalecer los mecanismos de extinción de dominio para atacar directamente el patrimonio relacionado con actividades ilícitas y las fuentes económicas de las organizaciones criminales.
El proyecto todavía debe pasar por el Pleno
La Ley Antimafias fue presentada en junio de 2026 y posteriormente calificada por el Consejo de Administración Legislativa. Desde entonces, la Comisión de Seguridad ha recibido observaciones de jueces, instituciones y otros actores vinculados con el sistema de justicia.
Ahora, con el informe aprobado para primer debate, el proyecto deberá ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí los legisladores podrán debatir, modificar o incorporar disposiciones antes de que continúe su trámite.
La iniciativa busca que la lucha contra el crimen organizado no se limite al aumento de penas, sino que también ataque las estructuras, el reclutamiento, la logística, el financiamiento y los bienes utilizados por las organizaciones criminales.
