Dr. Diego Viteri Núñez, PhD / Constitucionalista y Experto en Derechos de la Naturaleza Abogado patrocinador.
¿Te fue útilLa sentencia dictada el 4 de noviembre de 2026 (proceso N.º 06282-2026-00801) marca un hito en la tutela judicial de los derechos de la naturaleza en ecosistemas urbanos. Desde 2008 el Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos; entre ese reconocimiento y su protección efectiva media una distancia que sólo la judicatura puede salvar. La tutela jurídica constitucional es el mandato; la tutela judicial, su concreción. El reconocimiento sin garantía es retórica.
El origen es elocuente. El Municipio de Riobamba promovió la intervención forestal. El MAE, mediante el informe MAE-UBVS-OTR-2025-031, recomendó autorizar la corta sin evaluación ecosistémica integral de los componentes bióticos y abióticos. El MAG aprobó el plan y otorgó la Licencia de Aprovechamiento Forestal 91463T68045 —«Licencia Total», Plan de Corta N.º PAFPL13284091463— para 262,3 m³ de eucalipto. El 23 de abril de 2026 ingresó maquinaria pesada. El análisis fragmentado —árbol por árbol— comprometió la integridad del ecosistema y, con ella, los derechos de la naturaleza.
Por eso los moradores de Bellavista interpusieron acción de protección contra el Municipio, el MAE y el MAG, con fundamento en el artículo 88 de la Constitución, previsto para actos y omisiones de autoridades públicas no judiciales. El objeto no fue impedir la tala de 267 árboles: fue proteger un ecosistema urbano en sus ciclos vitales, estructura, funciones e interacciones ecológicas. En Riobamba, con 2,93 m² de área verde por habitante y 1,27 m² en la Macrozona 9, ese ecosistema no es adorno: es infraestructura ambiental.
El artículo 71 consagra a la naturaleza como sujeto de derechos, con valor intrínseco e independiente de la utilidad que represente para los seres humanos. Sus derechos son justiciables y se distinguen del derecho humano al ambiente sano (art. 14), sin desconocer su interrelación: proteger el bosque es proteger a quien lo habita.
La sentencia acogió lo pedido en la demanda: declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza, del ambiente sano y de la motivación; anuló los informes del MAE y del MAG y la licencia; prohibió la corta; ordenó una evaluación ecosistémica integral y encomendó su verificación a la Defensoría del Pueblo.
Conviene nombrar a los responsables. La violación no fue abstracta: la produjeron el Municipio de Riobamba, el MAE y el MAG. A esas carteras les toca ahora ser parte de la protección de los derechos constitucionales —la sentencia les ordena coordinar la preservación y un plan participativo—, no del problema de su violación.
No es sólo una victoria local: esta sentencia está llamada a ser un hito mundial, el precedente que muestre a las ciudades del planeta que un ecosistema urbano puede ser sujeto de derechos y ganar en un tribunal. Ese es el estándar que Riobamba —y el mundo— ya no puede ignorar.
