La investigación revisa pagos realizados entre 2025 y 2026. Los cargos contra cuatro procesados fueron reformulados de asesinato a sicariato.
La Fiscalía analiza transferencias de proveedores de la universidad hacia cuentas personales de Galo Osorio y María del Carmen Salcedo dentro de la investigación por el crimen de Santiago Ávalos, gerente administrativo financiero de la UDLA, asesinado en Quito el 11 de junio de 2026.
El período examinado comprende 2025 y 2026, después de que Osorio asumiera la Dirección de Operaciones en noviembre de 2024. Desde ese cargo habría tenido capacidad de decisión en las relaciones con proveedores.
La hipótesis fiscal sostiene que los controles de Ávalos podían permitir descubrir esos supuestos beneficios. El reportaje precisa que esta línea se concentra en pagos realizados fuera de los canales institucionales, y no en un faltante identificado en las cuentas de la universidad.
Los investigadores también identificaron transferencias de Osorio hacia Josselyn Villarreal, señalada como presunta intermediaria para contactar al adolescente investigado por la ejecución del ataque. Fiscalía sostiene que habría existido una remuneración para cometer el crimen.
El lunes 26 de octubre, la Fiscalía reformuló los cargos contra cuatro personas de asesinato a sicariato. La jueza amplió la instrucción fiscal por 30 días y ratificó las medidas cautelares: dos procesadas permanecen en prisión preventiva y los otros dos mantienen presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
Osorio falleció el 29 de agosto mientras estaba privado de libertad. El proceso continúa contra los otros cuatro adultos; el adolescente enfrenta una causa separada en la justicia especializada. Las hipótesis y la reformulación de cargos no constituyen una declaración de culpabilidad.
