Dirigentes del Cabildo de la Comuna Ancestral Llano Grande, miembros de la Comisión ‘Llano Grande Sin Contaminación’ y expertos salubristas hicieron un llamado público a la Fiscalía General del Estado, la Corte Constitucional para que se respete la sentencia de justicia indígena dictada el 12 de octubre de 2024 (Anexo 1.), la cual resuelve la revocatoria de permisos ambientales, el cierre y la salida definitiva de la empresa G&M Tratamiento Integral de Desechos de su territorio ancestral.
I. Contexto y sentencia comunitaria
La Comuna Llano Grande, territorio ancestral con más de 450 años de historia, perteneciente al Pueblo Kitu Kara, ha experimentado afectaciones en sus relaciones comunitarias y calidad de vida desde el año 2018 debido a malos olores, ruidos nocturnos y la constante circulación de camiones camuflados.
Frente a esta situación, la Asamblea Comunitaria —máxima autoridad territorial— declaró el conflicto interno el 29 de julio de 2024 e inició un proceso de justicia indígena al amparo de los artículos 57 y 171 de la Constitución de la República del Ecuador. El 12 de octubre de 2024, la Asamblea dictaminó la salida de la empresa G&M Tratamiento Integral de Desechos. Actualmente, la sentencia se encuentra en la Corte Constitucional, debido a una acción de protección que realizo la empresa a la sentencia emitida. La comuna en coordinación con el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, solicitó la priorización del caso ante la Corte Constitucional. (Anexo 2.)
II. Evidencia técnica y operaciones de riesgo
La Comisión ‘Llano Grande Sin Contaminación’, por mandadato de la Asamblea Comunitaria, recopiló 114 testimonios en audio y video de familias afectadas y revisó permisos ambientales e informes técnicos. Se constató que, aunque la empresa G&M Tratamiento Integral de Desechos inició en 1972 como fábrica de plantas de tratamiento, desde 2012 expandió sus actividades a la incineración y manejo de más de 300 agentes químicos peligrosos en una zona zonificada como agrícola-residencial.
Entre los hallazgos críticos destaca un contrato con Petroecuador para el transporte y almacenamiento temporal de sosa cáustica gastada y dietanolamina gastada. Asimismo, una inspección técnica municipal del 8 de agosto de 2024 (Anexo 3.) (con la participación de la Secretaría de Ambiente, AMC, Bomberos y Administración Zonal) concluyó la existencia de gran acumulación de desechos, emisiones gaseosas con irritación ocular y respiratoria, y riesgo biológico para trabajadores y vecinos.
III. Evidencia Científica y Afectación a la Salud
El Dr. Alberto Narváez, médico salubrista y especialista en salud pública, presentó los resultados de dos investigaciones científicas desarrolladas con el aval ético del Comité de Ética del Hospital de Calderón: (Anexo 4.)
Indicador / Estudio Hallazgo Científico Significancia Estadística
Estudio Biológico de Micronúcleos (Células bucales) 37% de anomalías celulares en residentes a menos de 500m vs. 16% en los ubicados a más de 500m. Gradiente de riesgo/distancia confirmado (a mayor cercanía, mayor efecto genético).
Percepción de Olores (Encuesta de hogares) 71.9% de los encuestados percibe fuertes olores durante las quemas de desechos. Estadísticamente significativo en intervalos de confianza.
Síntomas Físicos Reportados 45.3% irritación ocular, 42.2% dolor de garganta e infecciones respiratorias. Asociación directa reportada con la contaminación ambiental.
Afectaciones Neuropsicológicas 42.5% padece ansiedad y estrés; 32.9% presenta dificultad para dormir. Alteración integral del bienestar comunitario.
IV. Denuncia penal y exigencias a las instituciones
Como represalia al proceso comunitario, el propietario de la empresa G&M Tratamiento Integral de Desechos interpuso una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de ‘fraude procesal’ contra 10 integrantes de la comisión. Los comuneros rechazaron categóricamente esta criminalización y exigieron formalmente la aplicación del Protocolo de Diálogo e Interpretación Intercultural (Resolución 053-2023 del Consejo de la Judicatura).
Petitorio oficial de la comuna Llano Grande:
- A la Fiscalía General del Estado: Aplicar el diálogo intercultural y cesar la criminalización contra los 10 comuneros investigados.
- A la Corte Constitucional: Priorizar la resolución del caso y ratificar la sentencia de justicia indígena dictada el 12 de octubre de 2024.
- Al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Revisar la normativa de preexistencia que permite renovar la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) a empresas contaminantes en zonas agrícolas-residenciales.
- A las Autoridades de Salud y Ambiente: Activar de inmediato el principio de precaución y disponer auditorías técnicas y monitoreos ambientales independientes.
