Los indicios incluyen una proforma, referencias a aportes electorales y conversaciones sobre cheques. La investigación busca establecer el origen y destino de los recursos.
La Fiscalía General del Estado difundió el 25 de octubre de 2026 nuevos elementos del caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos. Los investigadores contrastan conversaciones y documentación financiera para reconstruir operaciones económicas.
Entre los documentos figura una proforma de USD 5.600 para imprimir cuestionarios, con la referencia «RC 5». También se examinan mensajes que mencionan un supuesto abono de USD 100.000 para la campaña de Luisa González y hasta USD 300.000 para brigadistas y otros gastos.
Las diligencias incluyen posibles pagos mediante Ternape Petroleum S. A., vinculada al entorno empresarial de Aquiles Álvarez, y comunicaciones sobre cheques devueltos y gestiones para cobrarlos. Estas referencias son indicios bajo análisis; no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
En declaraciones recogidas por Ecuavisa el 23 de octubre, el abogado de Álvarez, Julio César Cueva, cuestionó que su cliente conociera las menciones a través de la prensa. Sostuvo que debía tener oportunidad de explicar las operaciones y presentar documentación.
